Juzgan el desvío de 206 millones en “Sueños Compartidos”

El jueves pasado el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py fijó la hora del veredicto en el juicio que investiga el desvío de fondos del programa de viviendas “Sueños Compartidos”, gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La audiencia, que comenzó a las 9:30 hs, dio la última palabra a los ocho acusados que aún estaban presentes: los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex funcionario Abal Fatala. Otros siete imputados ya habían rendido su declaración en la sesión del viernes.

El fiscal federal Diego Velasco, junto a la Unidad de Información Financiera, solicitó penas de prisión que oscilan entre cuatro y seis años para los acusados que fueron funcionarios, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el pedido de condena se incluyó también la confiscación de 206 millones de pesos, la suma que la acusación estima como desviada del total de aproximadamente 900 millones que el Estado transfirió al programa entre 2008 y 2011. La Fiscalía pidió que esos fondos, actualizados por inflación, se destinen a viviendas sociales.

La defensa, por su parte, pidió la absolución total y argumentó que la causa está prescrita, una línea de defensa que ya había sido utilizada en otros procesos contra De Vido. La estrategia no se limitó a la prescripción: los abogados también cuestionaron la cadena de pruebas y la supuesta “administración fraudulenta agravada”. La falta de claridad sobre cómo se determinaría la actualización de la cifra confiscada dejó una incógnita que la defensa podría explotar en una posible apelación.

Entre los momentos más llamativos de la audiencia, Pablo Schoklender calificó de “loca” a la expresidenta Cristina Kirchner, recordando la frase que ella usó en su propio juicio por la obra Vialidad. De Vido, que cumple prisión domiciliaria en Zárate por la tragedia ferroviaria de Once, y López, detenido en la cárcel de Ezeiza por la causa Vialidad, siguieron el proceso por videoconferencia. La presencia virtual de ambos reavivó el debate sobre la efectividad de la detención preventiva en casos de corrupción.

El caso “Sueños Compartidos” surgió a raíz de una investigación periodística de Clarín, que reveló que gran parte de los fondos asignados al programa nunca se tradujeron en viviendas habitables. Según la acusación, muchas de las obras quedaron inconclusas y los trabajadores que participaron en el proyecto no recibieron salarios ni aportes previsionales. Además, se persigue a los Schoklender por presunto lavado de dinero, al señalar que parte del dinero desviado habría sido canalizado a empresas vinculadas a ellos.

Aún quedan varias preguntas sin respuesta. ¿Qué criterios usará el tribunal para actualizar los 206 millones y garantizar que el dinero llegue efectivamente a programas de vivienda? ¿Cómo se reconciliará la posible prescripción con la gravedad de los hechos, cuando la investigación se inició hace más de una década? Y, por último, ¿qué impacto tendrá la sentencia en la percepción pública sobre la rendición de cuentas de los funcionarios