Le Priol apela su condena de 26 años por el asesinato

El caso que conmocionó a la comunidad deportiva y a la opinión pública francesa vuelve a los tribunales de París. El 18‑19 de marzo de 2022, tras un altercado en la terraza de un bar del bulevar Saint‑Germain, Romain Bouvier abrió fuego contra Federico Martín Aramburú, golpeándolo en el costado y en el muslo. Menos de un minuto después, Loïk Le Priol descargó seis disparos en cuatro segundos contra la columna vertebral del exrugby, dos de los cuales fueron mortales. El hombre de 42 años, padre de familia, falleció en el acto.

El juicio, que se celebró entre el 7 y el 25 de septiembre, se centró en dos cuestiones clave: el grado de responsabilidad de los acusados y la existencia de premeditación. El jurado aceptó la versión de los defensores respecto a la premeditación, pero no impidió que ambos fueran condenados a penas cercanas a las solicitadas por la Fiscalía, que había pedido 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier. Al final, Le Priol recibió 26 años y Bouvier 19 por tentativa de homicidio.

Apenas tres días después de que Bouvier presentara su recurso, Le Priol, de 32 años y exmilitar de las fuerzas especiales de la Marina francesa, decidió “reanudar el pulso judicial”. La defensa, que no ha emitido declaraciones, basa su estrategia en dos argumentos: una supuesta “alteración del discernimiento” del acusado y la legítima defensa, alegando que Le Priol habría recibido varios golpes de Aramburú y de su compañero de rugby Shaun Hegarty durante la noche. El abogado de Bouvier, Hugues Vigier, añadió que la etiqueta de “ultraderecha” que dominó los debates mediáticos nunca fue admitida como móvil jurídico, aunque sí influyó en la percepción pública.

La apelación abre un nuevo capítulo judicial. Un tribunal penal diferente, con jurado y magistrados distintos, revisará los hechos desde el principio. La defensa busca desmarcar la imagen ideológica que, según ellos, empañó el análisis de los hechos. Sin embargo, la propia estrategia plantea preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Hasta qué punto la prensa y la opinión pública pudieron haber sesgado la valoración del jurado inicial? ¿Qué implica, en términos de derecho penal, que la supuesta motivación ideológica haya sido descartada formalmente pero siga presente en la narrativa de la defensa?

Otro punto crítico es la posibilidad de que el segundo tribunal reconsidere la premeditación. La sentencia de primera instancia ya había calificado los hechos como homicidio con premeditación, pero la apelación de Bouvier plantea una “violencia con armas que causó una incapacidad laboral total superior a ocho días”. Si el nuevo jurado acepta esa calificación, ambos acusados podrían enfrentar una condena de cadena perpetua, según la legislación francesa.

El plazo para presentar el recurso expiró el 5 de octubre, día en que se supo del recurso de Le Priol. La rapidez con la que ambos acusados apelaron plantea otra incógnita: ¿existe una estrategia coordinada entre los defensores para maximizar las posibilidades de reducción de pena, o simplemente se trata de una reacción impulsiva ante la gravedad de la condena?

Mientras los abogados de Le Priol y Bouvier afinan sus argumentos, la familia de Aramburú sigue sin respuestas claras. La defensa insiste en que sus clientes “nunca tuvieron intención homicida”, pero los hechos –seis disparos en cuestión de segundos, dos de ellos letales– hacen difícil sostener esa versión sin que la justicia vuelva a examinar los detalles. El próximo juicio, que abordará los hechos “desde el principio”, será, según los fiscales, una oportunidad para aclarar esas contradicciones y determinar si la sentencia inicial ya fue la más adecuada.

En definitiva, la apelación no solo retrasa la conclusión del caso, sino que también reabre el debate sobre la influencia de la cobertura mediática, la posible carga ideológica y la capacidad del sistema judicial para diferenciar entre culpa y motivación. El veredicto final, que se dictará en los próximos meses, definirá si la justicia francesa mantendrá la condena