Macri impulsará juicio político a la jueza que anuló la baja penal
El jefe de Gobierno porteño anunció que solicitará al Concejo de la Ciudad un juicio político contra la magistrada Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la reducción de la edad de imputabilidad tras sobreseer a un menor de 14 años en un intento de robo. La medida, acompañada de fuertes críticas de la oposición, reabre el debate sobre la independencia judicial y la efectividad del régimen penal juvenil.
Jorge Macri utilizó sus redes sociales para advertir que “estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia” y que pedirá “inmediatamente juicio político” contra la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad, Laura Beatriz De Marinis. La jueza había dictado una sentencia en la que sobreseyó a un chico de 14 años que había sido detenido por una tentativa de robo contra un hombre de 47 años, ocurrido el 10 de septiembre a primeras horas de la mañana.
En su fallo, De Marinis sostuvo que la norma que redujo la edad mínima de responsabilidad penal vulnera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, al retroceder respecto a la Ley 22.278, derogada en 2021. Citó la Constitución Nacional, tratados internacionales y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU —que en 2018 y 2024 instó a Argentina a mantener la edad mínima en 16 años—, además de hallazgos de neurociencia que indican que la corteza cerebral de los adolescentes aún no está plenamente desarrollada.
La magistrada argumentó que el hecho “burda y torpe” no consumó el robo, no causó lesiones y, por tanto, resultaba desproporcionado aplicar una sanción punitiva. En su resolución, dejó claro que el Estado debe ampliar las garantías de la infancia y evitar medidas que restrinjan derechos ya consolidados. Sin embargo, su decisión no suspendió la normativa, a diferencia del amparo dictado en la provincia de Buenos Aires por la jueza Marta Pascual, que sí la dejó sin efecto.
La reacción de la dirigencia política no se hizo esperar. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, calificó a los jueces que “protegen a los delincuentes” como un obstáculo para la construcción de un país “normal”. Ambos dirigentes encuadran la decisión judicial como una amenaza a la seguridad ciudadana, pero la nota oficial del Ministerio Público de la Defensa, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad, no menciona cifras de criminalidad ni evidencia de que la reducción de la edad haya generado un aumento de delitos graves.
Surgen, entonces, varias preguntas sin respuesta. ¿Qué peso tienen los tratados internacionales y las recomendaciones de la ONU frente a la legislación nacional cuando la propia Corte Suprema no ha pronunciado un pronunciamiento definitivo? ¿Cuál es el alcance práctico de una sentencia que declara la norma inconstitucional pero no la suspende? Y, quizás lo más polémico, ¿es el juicio político la herramienta adecuada para resolver un conflicto de interpretación jurídica, o se trata de una maniobra política que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial?
El caso también plantea dudas sobre la efectividad del sistema de protección social que, según la magistrada, debería activarse en lugar de la
