Mafia de motochorros lleva robado $122 millones en efectivo
La Justicia agravó la acusación contra una banda de al menos doce sospechosos por siete asaltos cometidos entre marzo y mayo de 2026 en Saavedra y Villa del Parque. El fiscal Andrés Madrea pidió al Juzgado N° 32 la detención de ocho integrantes más, señalando una asociación ilícita “dedicada a la pistola y al pistón”.
La Fiscalía amplió la acusación contra una organización criminal integrada por al menos doce personas, imputándoles la conformación de una asociación ilícita que ejecutó siete robos entre comienzos de marzo y fines de mayo de 2026. El saldo total de los asaltos supera los $122 millones en efectivo.
El primer asalto registrado ocurrió el 14 de marzo en la calle Ramallo 4500, barrio Saavedra. Una víctima escuchó la amenaza “Dame la mochila o te quemo” mientras una pistola semiautomática apuntaba a su cabeza. Dos motochorros, acompañados por dos autos de apoyo, rodearon al hombre y le sustrajeron $32 millones.
El 1 de abril, en Vedia 2100, Núñez, dos motochorros y otros dos delincuentes en un vehículo de apoyo emboscaron a un repartidor de plata que transportaba un paquete con $17 millones. El repartidor, el ex‑policía Tomás Sobre, recibió un disparo en la pierna con un revólver Taurus Tracker .357 y fue procesado cinco días después.
El fiscal Andrés Madrea, a cargo del caso, logró identificar a los sospechosos gracias al rastreo de sus motos, patentes y documentos, apoyado por un intenso relevamiento de cámaras de seguridad y la colaboración de redes sociales. La semana pasada solicitó al Juzgado N° 32 que se detengan ocho integrantes adicionales, describiendo a la banda como una asociación ilícita “dedicada a la pistola y al pistón”.
Entre los detenidos, Marcelo Z., titular de una de las motos, fue localizado en su domicilio de la calle Anchorena, barrio Once, y puesto bajo prisión. Marcelo Z. ya había sido condenado tres veces desde menor por robos en CABA y La Matanza, y estaba procesado en otra causa radicada en el Juzgado N° 57.
Otro integrante, conductor de uno de los autos de apoyo, fue captado por cámaras del Centro de Monitoreo Urbano dejando el vehículo en un garage del Abasto y dirigiéndose a comer a un restaurante peruano; al no ser localizado, la Justicia lo declaró rebelde. El “pesado” número 2, de 38 años, ex empleado de un restaurante de sushi y ex presidiario, resultó clave para avanzar el caso. El fiscal Madrea pidió su detención junto a la de sus cómplices, vinculó la causa al juez Darío Bonanno y lo nombró presunto jefe de la asociación ilícita.
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