Milei aprieta la causa Malvinas y choca con Chile por Sea Lion
Tras la cadena nacional, el presidente intensificó la presión sobre el reclamo soberano mientras una propuesta de conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino vuelve a poner a prueba la relación con Chile. El CECIM ya envió una carta documento al canciller y la respuesta del Gobierno sigue en el aire.
En la última cadena nacional, Javier Milei dejó claro que la causa Malvinas seguirá siendo la prioridad política mientras el Congreso discute el Presupuesto y la reforma política. La estrategia, según la propia narrativa del gobierno, consiste en poner en evidencia al peronismo, que según Milei “custodia el nacionalismo” sin acompañar la agenda de la Casa Rosada.
El discurso de Donald Trump, que calificó a las islas de “muy interesantes” y se mostró dispuesto a mediar para evitar un “desastre potencial”, volvió a colocar a las Malvinas bajo la lupa internacional. En Buenos Aires se tomó nota a una semana de que el mandatario argentino se embarcó rumbo a Nueva York.
En medio de la polémica, el Centro de Ex‑Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM‑La Plata) envió una carta documento al canciller Pablo Quirno. El documento, presentado a mediados de la semana pasada, denuncia el proyecto de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas (Chile) y Puerto Argentino, advirtiendo que podría convertirse en una pieza logística para abastecer la plataforma petrolífera Sea Lion. El CECIM solicita que la Cancillería actúe tanto diplomática como administrativamente, invocando el decreto 868/26, y plantea acciones contra Santiago, el Reino Unido y organismos multilaterales.
El plazo de 72 horas para responder expiró el viernes y, hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una posición que aclare si aceptará o rechazará el proyecto. La ausencia de respuesta deja en el aire una cuestión clave: ¿qué hará la autoridad argentina si el cierre del cerco sobre Sea Lion obliga a interpelar también a Chile?
Chile mantiene su histórico respaldo a los derechos argentinos sobre las Malvinas, pero la relación bilateral está inmersa en una fase de profundización de la integración energética, minera y logística. El embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, propuso recientemente una mayor integración entre los puertos chilenos y Vaca Muerta, vinculando el apoyo a la soberanía argentina con el reconocimiento de la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. Por su parte, el alcalde de Punta Arenas aseguró que los buques de la nueva conexión no navegarán bajo bandera británica ni “kelper”, pero el CECIM considera insuficiente esa garantía para disipar sus dudas.
El trasfondo judicial no es nuevo. En 2015, fiscales federales pidieron investigar a varias compañías —entre ellas Falkland Oil and Gas Limited, Edison International y Rockhopper— por actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina cerca de las islas. La causa 5183/15 culminó con embargos por 156 millones de dólares y la orden de cese inmediato de las operaciones, aunque la ejecución de esas medidas resultó compleja por la ubicación de las empresas en jurisdicciones que no reconocen la posición argentina.
Ahora, una nueva demanda civil presentada por la Asociación Civil de Abogados, Abogado/as y Profesionales Ambientalistas y el propio CECIM, a la que se sumó la Municipalidad de Río Grande, apunta contra Rockhopper Exploration, Navitas Petroleum Development and Production Limited y contra quienes resulten responsables del diseño, construcción, instalación y futura operación de Sea Lion. La acción busca una medida preventiva de daño ambiental y soberano, sin esperar a un derrame o a una condena penal.
El dilema que enfrenta Milei es doble. Por un lado, la presión interna para demostrar firmeza en el reclamo de las Malvinas; por otro, la necesidad de no comprometer la relación con Chile, que se ha convertido en un aliado estratégico en materia energética y logística. La falta de una respuesta oficial al CECIM deja sin resolver la pregunta de si el gobierno está dispuesto a sacr
