Milei apuesta a la reforma de patentes para romper el apagón legislativo
El Ejecutivo busca aprobar esta semana un tratado internacional que incluye una polémica reforma de la Ley de Patentes, intentando combinarla con la reforma de la Ley de Salud Mental. La medida enfrenta la resistencia de los gobernadores, que advierten sobre la carga financiera que implicaría para las provincias, y se topa con un calendario que obliga a esperar siete días antes de la sesión prevista para el jueves.
El Gobierno intentará, en los próximos días, salir del llamado “apagón legislativo” que paraliza su agenda, presentando la aprobación de un tratado internacional que contiene un controvertido capítulo de reforma de la política de medicamentos. La reforma modificaría la Ley de Patentes vigente, afectando a los laboratorios, una industria que el texto describe como la más importante de América Latina.
La sesión no se ha convocado todavía porque la Rosada pretende que la reforma de patentes se apruebe junto a la de la Ley de Salud Mental, que aún no tiene dictamen. De aprobarse, el proyecto tendría que esperar siete días, un plazo que no coincide con la intención de sesionar este jueves y que, según el artículo, impediría que el Gobierno celebre un triunfo legislativo después de una serie de tropiezos.
Los gobernadores han manifestado observaciones al proyecto porque la reforma traslada la atención de la salud mental a las provincias sin garantizar los recursos necesarios para asumir esos gastos. El Ejecutivo, sin embargo, parece dispuesto a dejar el debate de Salud Mental para otro momento, manteniendo los votos “aceitados” para la reforma de patentes. La estrategia recuerda a la utilizada en la reforma de la Ley de Glaciares y en el proyecto de la Ley de Villas, donde se delegaron tareas y costos a las provincias.
El texto también señala que la aprobación de la reforma depende del Senado, que, de convocar la sesión para el próximo jueves, ratificaría una modificación iniciada por la Cámara de Diputados y que ya había sido aprobada por la cámara alta en 1998. Esa aprobación de hace 28 años nunca perdió vigencia y podría ser revisada ahora para “rectificar algunos excesos” que la industria multinacional se queja.
En el fondo, la medida forma parte de un conjunto de iniciativas que el Gobierno califica como “leyes cerrojo”, destinadas a dejar restricciones y amenazas para futuros gobiernos. Entre ellas se mencionan la inviolabilidad de la propiedad, la reforma del Banco Central y la creación de la super RIGI, proyectos que, según el artículo, están “hundidos en el fango” a la espera de una solución.
Finalmente, el artículo recuerda que el control del Senado pasó recientemente de un bloque de 37/38 senadores alineados con el oficialismo a una primera minoría encabezada por La Libertad Avanza, coordinada por Patricia Bullrich. La pregunta que queda abierta es si esa nueva configuración permitirá al Gobierno avanzar con la reforma de patentes o si la resistencia de los gobernadores y los obstáculos procedimentales mantendrán el estancamiento legislativo.






