Milei desvía la culpa de la morosidad y enciende la polémica

En los últimos meses se han acumulado una serie de retrasos que ponen en evidencia una grieta profunda entre la narrativa de “responsabilidad” que promueve la cúpula de la Casa Rosada y la experiencia cotidiana de miles de argentinos. Según datos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 12 % de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no recibió la transferencia correspondiente al mes de junio, y la tasa de morosidad en el pago de subsidios a la energía subió a 8,4 % – el peor registro desde 2015.

El presidente Javier Milei, en su habitual discurso de “recuperar la confianza”, ha atribuido el problema a la “herencia de la vieja casta”. En una rueda de prensa el lunes, sostuvo que “nosotros no hemos creado la morosidad; la heredamos y ahora la vamos a corregir con disciplina”. La frase, sin embargo, no respondió a preguntas concretas: ¿qué medidas específicas se están tomando para revertir la situación? ¿Cuántos funcionarios fueron sancionados por retrasar la emisión de cheques o transferencias? La respuesta quedó en un “trabajaremos en ello” que suena a promesa vacía cuando la gente sigue sin cobrar.

Detrás de la fachada de “recorte de gastos” se esconde una serie de decisiones que, según analistas del Banco Central, podrían haber agravado la situación. La reciente eliminación de la cláusula de ajuste automático en los pagos a la seguridad social, aprobada en la última sesión del Congreso, habría reducido la capacidad de los organismos para cumplir con sus obligaciones en tiempos de alta inflación. Además, la política de “revisión de precios” aplicada a contratos de obra pública ha generado incertidumbre entre proveedores, que ahora retienen facturas a la espera de nuevos lineamientos.

En el interior del oficialismo, la crisis ha provocado una revisión profunda de la comunicación institucional. El jefe de prensa, que asumió el cargo a principios de año, renunció el viernes tras una serie de entrevistas en las que se le preguntó por la morosidad y respondió con evasivas que alimentaron la percepción de desconexión. La renuncia, confirmada por un comunicado interno, se dio sin detalles, pero fuentes cercanas al gabinete aseguran que la presión provenía tanto de la oposición como de sectores dentro del propio partido que temían que la falta de claridad dañara la imagen del gobierno.

Los críticos no tardaron en señalar la contradicción entre la retórica de “orden fiscal” y la práctica de retrasar pagos esenciales. “Se habla de austeridad, pero la austeridad se traduce en recortes de la hoja de pagos y, en última instancia, en gente que no puede pagar la luz o la comida”, comentó la economista Ana Martínez, de la Universidad de Buenos Aires. Su observación plantea una pregunta que el propio Ministerio de Economía evita: ¿es posible mantener la disciplina presupuestaria sin sacrificar la cobertura de programas sociales?

La oposición, encabezada por el bloque de la Unión por la Patria, ha presentado un proyecto de ley que obligaría al Poder Ejecutivo a publicar mensualmente un informe detallado de la morosidad en todos los programas de asistencia. En la Cámara de Diputados, el senador Jorge Ferreyra argumentó que “la transparencia es la única herramienta para medir si las promesas de Milei se traducen en hechos”. La iniciativa, aunque aún en trámite, ha generado un debate sobre la capacidad del Congreso para ejercer control real sobre el ejecutivo, especialmente cuando la mayor parte de los recursos se canaliza a través de decretos de urgencia.

Mientras tanto, los ciudadanos afectados buscan respuestas en los tribunales y en la vía administrativa. Un colectivo de padres que no recibió la AUH presentó una demanda colectiva ante la Justicia Federal, alegando que la morosidad vulnera derechos constitucionales. En una audiencia preliminar, el juez asignado solicitó al Estado un cronograma de pagos y una justificación de