Milei rellena vacantes clave en Gabinete mientras persisten dudas sobre sus cargos
El Gobierno designó a Walter Daniel Lanaro como subsecretario de Enlace Legislativo y a Juan Andrés Trebino como subsecretario de Ambiente. Ambas nombranzas, formalizadas por decretos publicados esta semana, despiertan interrogantes sobre la alineación política de Lanaro y el vacío de dos meses que dejó la Subsecretaría de Ambiente.
El martes se publicaron en el Boletín Oficial dos decretos que incorporan a dos nuevos funcionarios a la Jefatura de Gabinete. El decreto 1118/2026 nombró a Walter Daniel Lanaro como subsecretario de Enlace Legislativo; el decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre y difundido al día siguiente, designó a Juan Andrés Trebino como subsecretario de Ambiente dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete.
Lanaro, militante del PRO, se autodefine como liberal en sus redes sociales. Antes de incorporarse a la gestión libertaria, fue senador provincial bonaerense. La fuente no indica cuál será su rol concreto en la coordinación legislativa ni cómo su historial partidario encaja con la agenda de un gobierno que se presenta como “libertario”. La ausencia de información sobre sus prioridades o su visión de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso deja un vacío que invita a preguntarse si su nombramiento responde a una estrategia política de ampliación de bases o a otra lógica interna.
Por su parte, Trebino vuelve a la función pública tras haber dejado su último cargo en diciembre de 2019. Acumula al menos quince años de experiencia en temas ambientales y en la administración estatal, iniciando su trayectoria en 2011 como asesor legal en la Dirección Nacional de Control Ambiental. En 2015, bajo la presidencia de Mauricio Macri, asumió la conducción de esa dirección y, siete meses después, pasó a ser subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. La designación se produce después de dos meses sin titular en la Subsecretaría de Ambiente, período en el que el organismo “funcionó sin conducción formal”. La fuente no explica por qué la vacancia se extendió tanto ni qué decisiones quedaron pendientes durante ese lapso, lo que genera dudas sobre la continuidad de políticas ambientales y la capacidad de respuesta del gabinete ante emergencias ecológicas.
Ambas nombranzas se inscriben en una serie de cambios recientes en la cúpula del Ejecutivo. Hace unos meses, el gobierno nombró a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, en un contexto de tensión con el sector científico, marcado por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del CONICET. La incorporación de Baravalle, con un perfil académico destacado, sugiere una intención de reforzar la agenda tecnológica, pero también evidencia la fragilidad de la relación entre el Estado y la comunidad investigadora.
Los decretos no detallan los objetivos concretos que se esperan de Lanaro y Trebino ni los indicadores de desempeño que guiarán sus gestiones. Tampoco se menciona si habrá una coordinación directa con la nueva secretaria de Innovación, Baravalle, para articular políticas de desarrollo sostenible y tecnológica. La falta de claridad sobre los lineamientos estratégicos plantea la cuestión de si estos nombramientos son meramente formales o si van acompañados de un plan de acción que responda a los desafíos ambientales y legislativos que enfrenta el país.
En definitiva, la designación de Lanaro y Trebino cierra vacantes que habían quedado abiertas, pero deja al público con preguntas sin responder: ¿qué criterios guiaron la selección de un PRO como enlace legislativo en un gobierno que se autodefine libertario? ¿Por qué la Subsecretaría de Ambiente quedó sin titular durante dos meses y qué impacto tuvo esa ausencia en la gestión de políticas verdes? Sin respuestas oficiales, el escrutinio ciudadano y parlamentario será inevitable.



