Obra pública avanza solo 34 % en 2026. Gobierno recorta fondos para 2027 y delega al sector privado

Según el presupuesto 2027, la mayor parte del ajuste vuelve a centrarse en obra pública y energía. El proyecto de ley redactado por el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoce que la obra se ejecuta “muy por debajo de lo previsto” y que, tras un año de aumento de subsidios, se plantea un recorte energético sin detallar cómo se logrará.

En 2026, los trabajos estructurales alcanzaron una ejecución del 34,4 % para agosto, según el informe de la consultora Zentrix. De los 2 339 proyectos anunciados, 1 683 fueron dados de baja y 457 pasaron a provincias y municipios. La consultora insiste: “En obra pública lo que importa no es cuánto se autoriza, sino cuánto se ejecuta”. La falta de ejecución implica que, al cierre del ejercicio, el Ejecutivo pueda readecuar esos fondos a rentas generales, pero sin que quede claro qué impacto tendrá en la población.

La inversión real cayó un 22,7 % este año y el crédito de capital que propone Caputo para 2027 se sitúa 83,4 % por debajo del de 2023 en términos reales. Aunque en pesos corrientes los gastos de capital subirían un 21,4 % respecto a 2026, en términos reales se reducirían un 6,4 % frente a lo aprobado para ese año. El presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del 4 % con una inflación del 18 % y un superávit primario del 1,1 %, pero la inversión pública es el rubro que menos crece, pues se espera que la iniciativa privada la cubra.

En el sector energético, los subsidios aumentaron un 21 % real este año, impulsados por la asistencia a CAMMESA. Actualmente, los hogares del AMBA asumen el 55 % del costo, mientras el Estado cubre el 45 %. El proyecto no especifica si el recorte se logrará mediante tarifas por encima de la inflación, reducción de costos o disminución de usuarios subsidiados, lo que deja una incógnita operativa importante.

La provincia de Buenos Aires, que debería ejecutar el 23,4 % de la obra pública nacional en 2027, ve reducida esa cuota frente al 28 % del año anterior. El gobierno bonaerense denuncia que la proporción es insuficiente considerando que la provincia aporta casi el 40 % al PBI y a la población nacional. Mientras el total de obra nacional apenas se mantiene, provincias como Salta y Santa Cruz reciben aumentos reales fuertes, posicionándose entre las jurisdicciones con mayor obra nacional. Según un documento interno del Ministerio de Infraestructura provincial, la diferencia respecto a 2023 equivale a un 77,3 % inferior en términos reales.

Los fondos destinados a la infraestructura bonaerense disminuyeron un 6,2 % en términos reales. Los 252.300 millones de pesos asignados quedarán dentro de los límites de la provincia, pero la consultora advierte que no necesariamente se traducirán en mejoras para los habitantes. Entre los proyectos que figuran como beneficiarios de la provincia están el complejo federal penitenciario de Agote, en el partido de Mercedes, y la remodelación y ampliación del Juzgado Federal de Junín; ambos están destinados a fines nacionales y no a la demanda local.

Frente a estos números, la pregunta que queda sin respuesta es cómo se traducirá la escasa ejecución y los recortes presupuestarios en servicios concretos para los argentinos. El plan de Caputo parece apostar por la reducción de la participación estatal sin ofrecer un esquema claro de compensación, lo que genera dudas sobre la viabilidad de la infraestructura que el país necesita para sostener su crecimiento.