Oficialismo pospone Presupuesto 2027 tras visita papal

El oficialismo admitió que el calendario del Presupuesto 2027 se reprogramó para mediados de noviembre, después de la llegada del Papa León XIV a la Argentina. La fecha original, prevista para el 4 de noviembre, quedó desplazada al 21, “no llegamos antes del Papa”, confesó un representante de La Libertad Avanza. La decisión busca evitar que la agenda política se vea sobrecargada por la visita papal y, según fuentes del bloque, impedir la necesidad de convocar sesiones extraordinarias.

El plan, trazado entre el oficialismo y sus aliados, contempla cinco reuniones informativas en la Cámara de Diputados durante octubre (13, 14, 20, 21 y 27). El 28 de octubre se firmaría el dictamen y, en condiciones normales, el proyecto se presentaría al recinto el miércoles 4 de noviembre. Con el nuevo cronograma, la presentación se pospone a la segunda mitad del mes, justo después del periodo papal (8‑11 noviembre), cuando el presidente Javier Milei y los 23 gobernadores se reunirán con el pontífice.

El reto principal recae en Diego Santilli, jefe de Gabinete, quien debe lograr los consensos de los gobernadores para que, en dos meses, el proyecto quede sancionado. En el Senado, la presión es mayor: solo unas semanas de noviembre quedan para aprobar el presupuesto junto a la reforma política, el Súper RIGI y otros proyectos que siguen en la agenda. La falta de un consenso antes del 30 de noviembre obligaría a trasladar el debate al diciembre, lo que complicaría el calendario electoral.

En medio de la negociación, la partida destinada a Discapacidad sigue sin cerrarse. El oficialismo modificó el texto original tras objeciones de los bloques aliados y obtuvo 42 firmas de dictamen, con respaldo de sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales. Sin embargo, los aliados no garantizan su voto hasta que vean reflejados los cambios en el presupuesto. La Casa Rosada recibió, el martes, una cumbre sobre Discapacidad con Santilli, el ministro Luis Caputo y la secretaria legal María Ibarzábal Murphy, pero la definición final se pospone a pocos días del inicio del debate en comisión.

Otro punto sensible es la financiación universitaria. El proyecto oficial asigna $7.349 billones a las universidades nacionales en 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estima una necesidad de $11.005 billones, una brecha de alrededor de $3,65 billones. Los rectores denuncian que la partida no cubre el esquema de financiamiento legal y que la actualización prevista no compensa el deterioro acumulado. El Gobierno evalúa elevar el monto durante el tratamiento parlamentario, pero aún no define hasta dónde llegará la modificación ni cómo se articulará con la puja judicial en curso.

La estrategia de “no abrir el recinto en verano”, distinta a años anteriores, también genera dudas. Si bien se evita la presión de una sesión extraordinaria, la concentración de varios proyectos en un lapso tan corto podría saturar el proceso legislativo y dejar sin espacio para ajustes necesarios.

Quedan abiertas varias preguntas: ¿contará el Senado con tiempo suficiente para debatir y aprobar un presupuesto que aún necesita recalcular la partida de Discapacidad? ¿Cómo se resolverá la discrepancia de financiamiento universitario sin generar un nuevo conflicto judicial? Y, en el plano político, ¿logrará el oficialismo consolidar