Oficialismo vuelve a presentar una ley que deja fuera el presupuesto

Una rebelión interna encabezada por Patricia Bullrich en el Senado y la resistencia de los aliados del gobierno en la Cámara de Diputados obligaron a Martín Menem y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a buscar apoyos antes de presentar el ajuste de Luis Caputo sobre las partidas de discapacidad del Presupuesto 2027. Al comprobar que el rechazo era infranqueable, le plantearon a la presidenta Karina Milei que el proyecto enviado por el ministro de Economía al Congreso no pasaba el filtro de los propios aliados, tal como ocurrió el año pasado con la reducción de fondos universitarios.

En ese contexto, Menem negoció con los presidentes de los bloques dialoguistas la elaboración de una ley que “contenga casi todos los aspectos de la emergencia en discapacidad” pero sin usar el concepto de emergencia. La iniciativa se dictaminó este miércoles en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto con 42 firmas: 32 del bloque LLA, 4 del PRO, 1 de la UCR, 1 de Producción y Trabajo y 4 disidentes (Eduardo Falcone por el MID, Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella por el bloque de los misioneros y salteños, y Karina Maureira por La Neuquinidad).

Por su parte, la Unión Peronista, Provincias Unidas, la izquierda y los diputados catamarqueños sumaron 36 firmas que siguen pidiendo la prórroga de la emergencia, alineados con las organizaciones de familiares de personas con discapacidad. Desde el peronismo aseguraron a La Política Online que el proyecto de Menem “es puro humo” porque, aunque se sancione la ley, “no sirve de nada si las partidas presupuestarias necesarias no están incluidas en el Presupuesto”.

La contradicción es evidente: el dictamen incorpora los mismos derechos que la oposición buscaba excluir del Presupuesto, pero no aclara cómo se financiarán. Ninguna de las fuentes consultadas pudo precisar el impacto fiscal del proyecto oficialista; un aliado que acompañó el expediente lo equiparó a la ley de emergencia, pero sin datos que lo respalden. Un legislador que firmó en disidencia argumentó que el gobierno “concedió todo lo que la oposición pedía, menos la emergencia”. La falta de claridad abre la pregunta de si la norma será solo un texto sin fondos detrás.

Otro punto crítico es la rapidez con la que Menem impulsó el proyecto para que llegue al recinto antes que el Presupuesto, tal como pretendían sus rivales. Una diputada peronista advirtió la posible paradoja de que se sancione la ley oficialista pero el Presupuesto naufrague, dejando los derechos de los discapacitados a la discrecionalidad del gobierno. Esa incertidumbre se suma a la que ya genera la “emergencia” en discapacidad, utilizada por la oposición como vía para mejorar prestaciones y condiciones de los prestadores bajo la ley del Sistema Nacional de Discapacidad de los años noventa.

El diputado Eduardo Valdés intentó sensibilizar a los libertarios recordando la ley 24.901 de 1997, aprobada bajo el gobierno de Carlos Menem, pero sus referencias no aportan una solución concreta al conflicto actual. Otros parlamentarios, como Germán Martínez y Pablo Juliano, señalaron la ambivalencia del proyecto, calificándolo de “plan recalculando” sin un expediente con estado parlamentario y preguntándose a quién hay que creer: al presupuesto de Caputo o a la propuesta de Silvana Giudici, que parece cambiar de postura según convenga.

Al cerrar el plenario, Giudici respondió a los críticos acusándolos de “agravios directos” y de condenar a los beneficiarios a los indicadores más bajos de la historia. Sin embargo, la disputa quedó sin una respuesta clara sobre cómo se financiarán los derechos que la nueva ley reconoce. Mientras el proyecto avanza, la pregunta que permanece es si la legislación será solo un gesto simbólico o si realmente se traducirá en recursos para las personas con discapacidad, en un contexto