Oposición arrastra a diputados a la sesión del 15 de octubre; 14 votos faltan para votar.

El fallo de la Corte Suprema que vuelve a aplicar la normativa original sobre la venta de tierras a extranjeros le dio un respiro al gobierno de Javier Milei. La decisión, esperada por ambos lados, elimina la presión que la polémica sobre la “ley de tierras” había generado y abre una vía de escape para los diputados que, aunque pertenecen a bloques provinciales, temen perder el apoyo de sus gobernadores locales.

Aun así, la oposición no retrocedió. Los bloques críticos – Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de la izquierda – reiteraron la convocatoria a una sesión especial para el jueves 15 de octubre, con el objetivo de revertir el DNU 70/23, que mantiene la emergencia en discapacidad y la morosidad familiar sin la autorización del Congreso. Según cálculos internos de algunos legisladores, el número máximo de votos que podrían reunir para habilitar el debate se sitúa en 115, muy por debajo de los 129 requeridos. La brecha de 14 votos deja a la oposición en una posición de “casi” pero no de “sí”.

La paradoja es evidente. Un legislador opositor admitió que el “corazón” de la convocatoria se “diluye” tras la sentencia de la Corte, pero al mismo tiempo confirmó que la sesión se mantendrá. ¿Qué sentido tiene seguir impulsando una agenda que, sin el quórum necesario, no podrá ser votada? La estrategia parece buscar dos objetivos: presionar al oficialismo para que ceda en otros frentes y, al mismo tiempo, crear una narrativa de resistencia que mantenga viva la movilización social, como la marcha universitaria prevista para el mismo día en reclamo de mayor financiamiento.

Los dos proyectos que acompañarán al intento de derogar el DNU son, a primera vista, “anzuelo” para los indecisos. La prórroga de la emergencia en discapacidad afecta a cientos de miles de argentinos que dependen de subsidios y asistencia, mientras que la iniciativa contra la morosidad familiar toca a familias que enfrentan deudas crecientes. Al incluir estos temas, la oposición espera que los diputados de bloques provinciales, que temen repercusiones en sus distritos, se decanten por asistir al recinto. No obstante, la lógica de la medida sigue sin quedar clara: si la falta de quórum impide cualquier votación, ¿qué ganancia concreta obtendrán los legisladores al presentarse?

Por su parte, el oficialismo ya trazó una contramarcha. El gobierno planea trasladar el debate sobre la Ley de Tierras a la comisión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, intentando separar esa discusión del DNU 70/23 y, de paso, “blindar” el megadecreto contra un posible rechazo. Además, se baraja la posibilidad de presentar una propuesta que derogue el artículo 154 del DNU 70/23 —suspendido temporalmente por la Corte— e introduzca modificaciones a la normativa de tierras, sin alterar los topes de participación extranjera que el Senado ya rechazó elevar al 25 %.

Esta maniobra plantea otra cuestión: ¿puede el gobierno, al mover la discusión a una comisión, realmente evitar la presión parlamentaria o simplemente pospone el conflicto? Los libertarios ya anunciaron una megasesión propia para el 21 de octubre, donde pretenden incluir proyectos sobre Malvinas e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la intención de cerrar cualquier margen de maniobra a la oposición. Si la estrategia de Milei consiste en fragmentar la agenda y “desactivar” la sesión especial, el riesgo es que la oposición encuentre nuevos puntos de convergencia con los diputados indecisos y logre, al menos, una mayor presencia en el recinto.

En definitiva, la oposición avanza con una convocatoria que, según sus propios números, está a 14 votos de quedar sin efecto. La pregunta que queda en el aire es si la presión social – la marcha universitaria, la polémica sobre la soberanía de la tierra y la urgencia de los temas de discapacidad y morosidad – será suficiente para forzar a los indecisos a romper la barrera del quórum. Mientras tanto, el gobierno sigue buscando formas de desviar la discusión y presentar soluciones legislativas que, en la práctica, podrían dejar intacto el DNU 70/23. El escenario está listo para una confrontación que, aunque técnicamente imposible de cerrar con voto, sí podría redefinir la dinámica entre el oficialismo y la oposición en los próximos días.