Organismos de DD.HH. avisan que la violencia estatal vuelve a subir

Los organismos de derechos humanos de la provincia de Salta volvieron a poner el foco en la masacre del Gallinato, recordando a sus víctimas y señalando que “la memoria no puede ser neutral”. En la misma intervención, los representantes advirtieron que la violencia institucional estaría en aumento, que la protesta se criminaliza y que los discursos de odio se intensifican.

El comunicado, sin embargo, no brinda cifras ni ejemplos específicos que permitan calibrar la gravedad de la supuesta escalada. No se menciona cuántos incidentes se han registrado, qué autoridades estarían involucradas ni en qué contextos se producirían esas agresiones. La ausencia de datos dificulta evaluar si la advertencia responde a un fenómeno puntual o a una percepción más amplia dentro del sector.

Esta falta de concreción genera preguntas. ¿Qué casos recientes motivan la denuncia? ¿Se trata de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, detenciones arbitrarias o agresiones a activistas? Sin ejemplos claros, la afirmación corre el riesgo de quedar en un discurso de alarma que, aunque legítimo en su intención, carece de sustento verificable.

Los colectivos también señalaron la “criminalización de la protesta” y el “aumento de los discursos de odio”. De nuevo, la falta de referencias a leyes, decretos o incidentes concretos deja un vacío. En la provincia, la normativa que regula la manifestación pública no ha sido modificada recientemente, según fuentes oficiales. Si existen nuevas prácticas policiales o judiciales, ¿por qué no se citan casos específicos que lo demuestren?

El llamado a la memoria como herramienta de denuncia es una práctica habitual de los grupos de derechos humanos. Sin embargo, la frase “sabemos qué ocurre cuando el Estado deja de reconocer al otro como ciudadano y comienza a verlo como enemigo” plantea una acusación amplia que, sin pruebas documentadas, puede percibirse como una generalización. La crítica queda sin anclar en hechos verificables y, por ende, pierde parte de su fuerza persuasiva.

En la medida en que la sociedad civil busca respuestas, la presión para que los organismos presenten evidencia concreta se vuelve esencial. La transparencia en los reclamos permitiría contrastar la percepción de violencia con la realidad de los hechos y evitaría que la discusión se quede en el terreno de la sospecha.

En conclusión, la conmemoración de la masacre del Gallinato vuelve a abrir la discusión sobre la violencia institucional en Salta, pero la ausencia de datos precisos y de ejemplos claros deja la puerta abierta a preguntas que aún no tienen respuesta. Hasta que no se publiquen informes detallados, la alerta permanecerá en el ámbito de la advertencia sin sustento empírico.