Paro total de camioneros podría dejar sin recolección a los porteños mientras exigen US$ 200 millones

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó una concentración en la Comuna 1 para presionar al gobierno de la Ciudad por la inclusión de las indemnizaciones al personal de recolección de residuos en los pliegos que regirán a partir de 2028. Según el propio sindicato, el reclamo asciende a unos 200 millones de dólares, cifra que el gobierno de Jorge Macri no ha contemplado en los anteproyectos presentados en la audiencia pública de este lunes.

Moyano dejó claro que la disputa no es negociable: “Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”. La amenaza de “paro total” fue lanzada por Marcelo Aparicio, secretario gremial, y se sustenta en la exigencia de que el nuevo contrato incluya el pago de una indemnización que el sindicato considera un “derecho adquirido” y que, según afirman, se ha venido cobrando en todas las licitaciones durante más de 30 años.

El gobierno porteño, sin emitir respuesta oficial, mantiene la posición de excluir esas indemnizaciones del nuevo pliego. La decisión, confirmada en la audiencia, implica que, al término de la actual concesión, el adjudicatario del servicio calculará las indemnizaciones y el Estado abonará los montos a la empresa para que ésta los pague a los trabajadores. Sin embargo, el artículo 19 de la Ley N.º 4120, que regula la higiene urbana, obliga a garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla, creando una aparente contradicción normativa que, según analistas, podría derivar en que los contribuyentes terminen financiando “despidos ficticios”.

En la misma sesión, la oposición no tardó en reaccionar. El legislador porteño Facundo Del Gaisó (Coalición Cívica) calificó la amenaza de “extorsión mafiosa” y advirtió que, de bloquear la basura a los porteños, “Pablo Moyano debe terminar preso”. Del Gaisó es autor del proyecto de ley “Ley Anti Moyano”, presentado el año pasado, que propone que la indemnización corresponda exclusivamente a las empresas y no al Estado, y que contempla sanciones para funcionarios que autoricen pagos con fondos públicos.

El sindicato, por su parte, no descarta que el presupuesto de la Ciudad para 2028 incluya o no la partida destinada a los 6 mil trabajadores del sector. En el último pliego licitatorio, bajo el “Régimen de Personal Operativo”, figura el ítem “Indemnizaciones Finales”, pero la falta de claridad sobre su financiamiento futuro deja a los trabajadores en una situación de incertidumbre.

El trasfondo del conflicto se remonta a la llamada “Ley Moyano”, una práctica no escrita que, desde 1998, permite al sindicato lograr que cada nueva concesión despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. Aunque la norma no tiene respaldo jurídico formal, su aplicación ha sido constante, lo que genera dudas sobre la equidad del proceso y la verdadera carga que recae sobre los contribuyentes.

Quedan varias preguntas sin respuesta: ¿El gobierno de la Ciudad ajustará su posición antes de que venza la prórroga de la concesión en septiembre de 2028? ¿Cómo se resolverá la contradicción entre la obligación de financiar indemnizaciones y la garantía de continuidad laboral establecida por la Ley 4120? ¿Qué peso tendrá la “Ley Anti Moyano” en el debate legislativo y cómo afectará a los trabajadores que, según el sindicato, llevan décadas luchando por este derecho?

Mientras tanto, la amenaza de paro total mantiene a la ciudadanía en vilo y pone de relieve la tensión entre la administración municipal, los sindicatos y la oposición, en una disputa que, de concretarse, impactaría directamente en la higiene urbana de la capital.