Preska cerró el caso y Argentina sigue con vía para US$ 16.100 millones

La magistrada estadounidense Loretta Preska dio por concluido el expediente en Nueva York que investigaba la supuesta violación del estatuto de YPF al ser expropiada por el Estado argentino. Con la decisión, los demandantes quedan con dos alternativas para intentar que el Estado pague la suma reclamada, que asciende a US$ 16.100 millones más intereses.

Una de esas vías es presentar una petición de certiorari ante la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. Los administradores de la quiebra de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora —pertenecientes a la familia Eskenazi— y Eton Park, respaldados por el fondo Burford Capital, ya solicitaron esa revisión del fallo de la Corte de Apelaciones, que había revertido la sentencia condenatoria de Preska. La solicitud no garantiza que la Corte Suprema acepte el caso; la alta corte recibe hasta 8 000 peticiones al año y suele admitir apenas 80, alrededor del 1 % de los pedidos.

El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, explicó que la decisión de Preska “fue lo que correspondía” tras la revocación de la sentencia de primera instancia en marzo. Señaló que la segunda opción que Burford podría explorar es un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por presunto incumplimiento de los tratados bilaterales de inversión que Argentina firmó con España (en el caso Petersen) y con EE. UU. (por Eton Park). Burford presentó la primera solicitud a mediados de septiembre; la segunda aún no se ha interpuesto.

Con escasas probabilidades de que la Corte Suprema acepte el caso, el litigio iniciado en 2015 se aproxima a su cierre. En el CIADI, el proceso incluye una fase arbitral que puede prolongarse varios años y, de llegar a una sentencia, la cifra condenatoria sería menor que los US$ 16.100 millones reclamados.