Presos políticos en Venezuela: 322 siguen encarcelados, 31 de ellos extranjeros

La organización no gubernamental Foro Penal, que lleva años documentando la situación de los presos políticos en Venezuela, publicó este viernes un boletín con cifras actualizadas al 5 de octubre. Según el informe, 322 personas continúan detenidas por motivos políticos; de ellas, 308 son hombres y 14 mujeres, todas mayores de edad. El total incluye a 31 extranjeros o personas con doble nacionalidad.

Del conjunto de reclusos, 182 son civiles y 140 militares. La ONG señaló que desconoce el paradero de uno de los internos, lo que dificulta su localización y eventual liberación. Los familiares de los detenidos denunciaron la falta de avances y reiteraron la exigencia de que se liberen a todos los presos políticos.

Desde 2014, Foro Penal contabiliza 19 253 detenciones por motivos políticos en el país. En ese mismo período, la organización asistió a más de 14 000 personas que lograron la excarcelación, aunque el ritmo de liberaciones se ha desacelerado. Desde el 3 de enero, las excarcelaciones se han producido “a cuentagotas”, según la propia ONG.

El jueves pasado, familiares y activistas de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos se presentaron en el Palacio de Justicia de Caracas para entregar una petición al presidente del Circuito Judicial de la capital, el juez John Parody. El documento solicita medidas administrativas y una mejor coordinación institucional con el objetivo de reducir los retrasos procesales y acelerar las audiencias de los detenidos.

En febrero, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía que, según varias organizaciones de derechos humanos, excluye a militares y exmilitares privados de la libertad por motivos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la norma mantiene limitaciones que impiden la liberación de un amplio sector de presos políticos. El Ejecutivo, por su parte, niega la existencia de presos políticos y sostiene que los internos enfrentan procesos por delitos comunes, postura que es rechazada por ONG y partidos de oposición.

Paralelamente al reporte de Foro Penal, más de 100 representantes de la sociedad civil se postularon para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, órgano encargado de evaluar y preseleccionar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El diputado opositor Luis Florido indicó que el número de inscripciones podría alargar el plazo de revisión de los 12 representantes de la sociedad civil que formarán parte del comité, aunque no precisó si se modificará el calendario previsto.

El Parlamento, en una reforma aprobada el 1 de septiembre, aumentó de 11 a 12 el número de integrantes de la sociedad civil en el comité, tras un acuerdo con un sector opositor que mantiene diálogos con el gobierno. La medida buscó incorporar mecanismos para la elección de nuevos jueces, en medio de acusaciones de la oposición de que el actual TSJ actúa en favor del chavismo y legitimó la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, pese a denuncias de fraude electoral.

El informe de Foro Penal, con datos actualizados a principios de octubre, subraya la continuidad de la detención de personas por razones políticas y la urgencia de acelerar los procesos judiciales para garantizar su derecho a la libertad. (Con información de EFE)