Presti aplaude a Trump como “mediador” y apuesta por helicópteros y base en Ushuaia

El ministro de Defensa, Carlos Presti, volvió a poner el foco en la cuestión malvinera tras la reciente intervención del expresidente de EE. UU., Donald Trump, quien se presentó como posible mediador del conflicto con Gran Bretaña. Presti calificó la propuesta como “una oportunidad para equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico”, y la vinculó a la reciente venta aprobada por el Departamento de Estado de cuatro helicópteros militares UH‑60L Blackhawk, cuyo valor asciende a US 140 millones.

El anuncio de la compra se produce en un contexto en que el propio Presti lamentó el deterioro del equipamiento y la capacitación de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas, subrayando que “es la primera vez en 40 años que veo una inversión importante en Defensa”. Sin embargo, la medida genera preguntas: ¿qué implica depender de una potencia que, al mismo tiempo, mantiene una posición ambigua sobre la soberanía de las Islas? ¿Hasta qué punto la adquisición de helicópteros puede traducirse en una verdadera mejora operativa, o es más bien un gesto diplomático para reforzar la alianza estratégica con EE. UU.?

Paralelamente, el Gobierno avanza con la construcción de una base integrada en Ushuaia. Presti informó que la obra, prevista para iniciar en enero 2027, tendrá una inversión de $450 millones, se desarrollará en cuatro fases y se convertirá en un “polo logístico comercial” orientado a una proyección antártica internacional. La ambición de crear un “centro logístico” en el Atlántico Sur contrasta con la falta de recursos básicos en otras instalaciones militares, como el Hospital Central Militar de Belgrano, donde una rajadura en el tanque de agua obligó a pacientes a usar toallitas húmedas. La disparidad entre la inversión en infraestructura de alta tecnología y la carencia de servicios esenciales plantea dudas sobre la priorización de los recursos.

En el frente interno, el Ejecutivo aprobó un aumento salarial del 12,22 % para las Fuerzas Armadas, distribuido en cuatro cuotas entre septiembre y diciembre. El incremento fue percibido como insuficiente por parte del personal militar, que ya denuncia problemas de equipamiento y condiciones de trabajo. La medida, aunque visible, parece no haber calzado con las expectativas del propio cuerpo, lo que sugiere que la “malvinización” del discurso no se traduce automáticamente en mejoras tangibles para los militares.

El presidente Javier Milei, que este lunes convocó una reunión de gabinete para reforzar la soberanía sobre las Islas, mantendrá el tema en la agenda pese a que varios sectores del propio gobierno advierten sobre su escaso eco en la opinión pública. La senadora Patricia Bullrich recordó que, si bien la causa Malvinas es importante, la prioridad debe ser atender las necesidades económicas de la población. Por su parte, el asesor Lule Menem calificó la estrategia “magia que dura poco” y advirtió sobre los riesgos de sobre‑explotar el relato malvinero para captar a los desencantados con la gestión libertaria.

El escenario se complica con la amenaza de sanciones económicas que, según fuentes del Ejecutivo, podrían afectar a firmas que operan en Vaca Muerta y en aguas cercanas a las Islas. La paradoja de impulsar una política de “malvinización” mientras se corre el riesgo de dañar sectores estratégicos de la economía plantea una contradicción que aún no tiene respuesta clara.

En definitiva, la oferta de Trump como mediador, la compra de helicópteros y la futura base en Ushuaia son presentados como pasos concretos hacia una solución pacífica y una mayor presencia argentina en el Atlántico Sur. No obstante, la falta de claridad sobre el impacto real de esas decisiones, la escasa resonancia del tema entre la ciudadanía y las tensiones internas dentro del propio gobierno, dejan abiertas preguntas esenciales sobre la viabilidad y el costo de la estrategia malvinera.