Presupuesto 2027 se apresura. Gobierno quiere mantener la emergencia de discapacidad antes de la visita del Papa.
El debate en la Cámara de Diputados arranca este martes con la presión de la interna de La Libertad Avanza por recortes a la discapacidad y la urgencia de cerrar la cuenta antes de la llegada del Pontífice. Mientras el oficialismo negocia con los gobernadores para intentar suspender las PASO, la estrategia presupuestaria deja varias preguntas sin respuesta.
El martes a las 12 hs la Comisión de Presupuesto y Hacienda dio inicio al debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, sin la presencia del exministro de Economía Luis Caputo y con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El punto de partida coincidió con la interna de La Libertad Avanza, que presiona para eliminar el recorte propuesto al capítulo 6 del proyecto, que afectaría la emergencia de discapacidad y otras prestaciones no contributivas.
La urgencia no es casual. La visita del Papa Francisco, anunciada para el 8 al 11 de noviembre, está programada para pasar por la Casa Rosada y, el lunes 9, por el Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven 415 personas con discapacidad. Según fuentes dentro del bloque libertario, la prioridad es “cerrar el frente de discapacidad” antes de que el Pontífice haga su primera parada oficial, evitando que la polémica sobre la reducción de recursos se mezcle con la agenda papal.
En paralelo, el oficialismo busca usar el presupuesto como moneda de cambio para la suspensión de las PASO de 2027. El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Patricia Bullrich se reunieron recientemente, y el gobernador de Buenos Aires, Diego Santilli, retomó las negociaciones bilaterales con la intención de conseguir los siete u ocho votos provinciales que el gobierno necesita en el Senado, de los 37 requeridos para aprobar la iniciativa. La estrategia implica pactar obras y recursos específicos con cada gobernador, como ya hizo en Chaco el radical Zdero al suspender allí las primarias.
Sin embargo, el proceso está lejos de ser homogéneo. La propia La Libertad Avanza, liderada por Gabriel Bornoroni en la Cámara, aceptó mantener la emergencia de discapacidad para asegurar el voto libertario, pero a cambio exigió la eliminación de la “motosierra” presupuestaria que recortaría pensiones no contributivas y el arancel unificado. La negociación dejó el proyecto “modificado” antes de la firma del dictamen definitivo, prevista para el 28 de octubre, con la intención de llevarlo al recinto en la primera semana de noviembre.
El escenario parlamentario se complica con la oposición. Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, Frente de Izquierda y Coalición Cívica suman alrededor de 111 diputados, pero el quórum necesario para sesionar es de 129. La falta de votos obligará al oficialismo a buscar el respaldo de legisladores que responden a los gobernadores, justo cuando se negocian los rubros del presupuesto. La oposición, por su parte, ha solicitado una sesión especial el jueves a las 14 hs para tratar tres temas: endeudamiento familiar, prórroga de la emergencia de discapacidad hasta fin de 2027 y el rechazo al DNU 70/2023.
A la misma hora, frente al Congreso, la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por la FUA y rectores del CIN, se hará presente, poniendo en la calle el reclamo presupuestario mientras dentro se mide el quórum. La coincidencia sugiere una estrategia de presión simultánea que podría complicar aún más la agenda legislativa.
Todo este entramado plantea varias interrogantes. ¿Hasta qué punto la aceleración del presupuesto responde a una necesidad real de gestión pública y no a la conveniencia política de evitar críticas durante la visita papal? ¿Qué garantías quedan para los beneficiarios de la emergencia de discapacidad si el proyecto se modifica “sobre la marcha” y sin la participación de Luis Caputo, quien había liderado la fase de diseño? ¿Cuál es el costo político de intentar suspender las PASO mediante acuerdos presupuestarios con los gobernadores, y cómo afecta a la transparencia del proceso legislativo?
El debate que se avecina será, sin duda, una prueba de la capacidad del gobierno para equilibrar sus objetivos macroeconómicos con las demandas sociales y la presión de una agenda internacional que ya está sobre la mesa. La respuesta a esas preguntas determinará si el presupuesto 2027 será una herramienta de gobierno o un peón en el juego político de cara a la visita del Santo Padre.
