Rescatan a dos mujeres sordas de presunta red de trata en Mendoza
El domingo la policía intervino una casa del barrio Río Tunuyán y detuvo a cinco sospechosos, entre ellos una mujer señalada como posible líder. En el operativo se hallaron ocho personas con discapacidad auditiva, incluidas tres menores bajo la custodia del Equipo Técnico Interdisciplinario.
Una investigación sobre trata de personas con fines de explotación sexual en Rivadavia, Mendoza, identificó a dos presuntas víctimas, ambas mujeres sordas, y culminó el domingo con la detención de cinco sospechosos. El operativo se realizó en una vivienda del barrio Río Tunuyán, en la esquina de Liniers y 28 de Mayo.
Al ingresar, la Policía encontró a ocho personas con discapacidad auditiva. Entre los detenidos estaban tres mujeres y dos hombres, todos con discapacidad auditiva; una de las mujeres habría sido la responsable de la organización. Tres menores quedaron bajo intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).
La pesquisa parte del testimonio de una mujer de 36 años que llegó a Mendoza en 2024 engañada con una oferta de trabajo y logró escapar en 2025. Tras comunicarse con su familia en Rosario, regresó a esa ciudad gracias al apoyo económico de su abuela, que la buscó durante aproximadamente un año. La denuncia presentada en Rosario impulsó la investigación y la intervención de las autoridades mendocinas.
Según el relato recogido por Los Andes, la supuesta organización utilizaba videos y transmisiones en vivo en lengua de señas para ofrecer oportunidades laborales a mujeres sordas de Buenos Aires y Rosario. Se barajaron posibles puntos de operación en San Juan, San Martín y Rivadavia, aunque esas conexiones no fueron confirmadas oficialmente. Algunas mujeres habrían sido obligadas a ejercer la prostitución y otras a realizar tareas domésticas sin posibilidad de abandonar las casas; se menciona, sin confirmación judicial, el caso de una mujer que habría quedado embarazada tras un abuso sexual.
Una fuente judicial explicó a Sitio Andino: “Tuvimos que hacer un trabajo titánico para saber quién es quién”. El expediente fue remitido a la Justicia Federal, que deberá determinar las imputaciones correspondientes y establecer si existían otras víctimas, la estructura de la supuesta red y las responsabilidades de cada sospechoso.
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