Roban equipos a periodistas en la Rosada y el Gobierno lo minimiza
Un grupo de comunicadores acreditados sufrió un robo dentro de la sala de prensa de la Casa Rosada. La autoridad calificó el hecho como “menor”, pese a que se inscribe en una serie de agresiones contra el periodismo. La respuesta oficial vuelve a poner en tela de juicio la postura del Ejecutivo frente a la libertad de prensa.
En la mañana de hoy, varios periodistas acreditados por la Casa Rosada denunciaron que sus equipos fueron sustraídos de la sala de prensa oficial. El robo se produjo mientras los profesionales cumplían con sus labores de cobertura del gobierno, sin que se haya identificado a los responsables.
El propio Gobierno describió el episodio como un “hecho menor”, una valoración que, según los propios afectados, subestima la gravedad del incidente. El comunicado oficial no ofreció detalles sobre la investigación ni explicó por qué se desestimó la magnitud del suceso.
Esta reacción se produce en un contexto que, según observadores, está marcado por constantes ataques presidenciales contra los medios. La prensa ha señalado previamente episodios de hostigamiento, desde la restricción de acreditaciones hasta la difusión de desinformación sobre la labor periodística. El robo a los equipos, aunque puntual, se suma a esa cadena de presiones que, según los expertos, atentan contra la libertad de expresión y la democracia.
Quedan varias preguntas sin respuesta: ¿Qué medidas tomará la Casa Rosada para garantizar la seguridad de los periodistas dentro de su propio recinto? ¿Por qué la autoridad minimiza un hecho que afecta directamente la capacidad de los comunicadores para ejercer su trabajo? Y, en última instancia, ¿qué implica para la confianza en las instituciones cuando el Ejecutivo desestima agresiones contra la prensa?
Hasta el momento, la investigación sigue en curso y los periodistas esperan que se aclare quién está detrás del robo y qué acciones concretas se adoptarán para evitar que se repita. La comunidad mediática mantiene la guardia, recordando que la protección del trabajo periodístico no debería ser negociable.
