Rosario confirma la edad mínima de imputabilidad en 14 años. Cámara rechaza impugnación tras robo armado

En una sesión celebrada este viernes, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario confirmó la constitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija el piso de imputabilidad en los 14 años. La decisión se tomó dentro de la causa que investiga a dos adolescentes de 14 y 15 años acusados de un robo a mano armada en la ciudad santafesina. Las defensas de los menores solicitaron que el tribunal declarara inconstitucional la ley 27.801, argumentando que la reducción de la edad vulnera la protección de los jóvenes y contraviene normas internacionales que aconsejan no bajar ese umbral.

Los letrados que representan a los adolescentes sostuvieron que la medida implica una regresión de los derechos de los menores, al reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Señalaron que la normativa internacional no respalda la disminución y que, según los estudios citados, la medida no ha demostrado una reducción de la incidencia delictiva entre los jóvenes. En sus escritos, pidieron que se respetara la progresividad de los derechos y que se evitara una “regresión” que podría afectar la reintegración social de los adolescentes.

El tribunal, sin embargo, rechazó el pedido de inconstitucionalidad y mantuvo el fallo de primera instancia. En su fallo, los jueces admitieron que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a establecer una edad mínima para la responsabilidad penal, pero precisaron que el tratado no fija una cifra concreta y que no constituye una prohibición absoluta para que la legislación nacional establezca el umbral en 14 años. La Cámara citó la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño, que recomienda que el límite sea “al menos 14 años”, y sostuvo que la norma nacional se mantiene dentro de esa recomendación.

A pesar de reconocer la importancia de la Convención, los magistrados enfatizaron que la imputabilidad a tan temprana edad debe acompañarse de respuestas diferenciadas, proporcionales y orientadas a fines socioeducativos. En la práctica, eso implica que los menores de 14 y 15 años no quedarán excluidos de la responsabilidad penal, aunque el sistema deberá aplicar medidas adaptadas a su condición.

El fallo deja varias preguntas sin respuesta clara. ¿Cómo garantizará el sistema judicial que las sanciones aplicadas a menores de 14 años sean efectivamente socioeducativas y no meramente punitivas? ¿Qué mecanismos de seguimiento se implementarán para evaluar si la reducción de la edad de imputabilidad realmente incide en la disminución de la criminalidad juvenil? Además, la decisión abre la puerta a futuros debates sobre la alineación de la legislación nacional con los estándares internacionales, especialmente cuando la propia Convención no establece un número fijo pero sí una recomendación mínima.

En el plano político, la ratificación de la edad de imputabilidad en 14 años refuerza la línea adoptada por el gobierno nacional, que busca endurecer la respuesta penal ante la violencia. Sin embargo, la polémica sigue viva entre juristas, organizaciones de derechos humanos y sectores sociales que temen una mayor criminalización de la infancia. El caso de Rosario podría convertirse en un referente para otras jurisdicciones que evalúen la constitucionalidad del mismo régimen.

En definitiva, la Cámara de Apelación en lo Penal cerró la discusión judicial sobre la ley 27.801, pero dejó en el aire la cuestión de si la medida cumplirá con los objetivos de protección y reinserción que sus defensores reclaman. El debate sobre la edad mínima de imputabilidad continúa, y será la práctica judicial y los resultados concretos los que, a la postre, determinen si la decisión de Rosario se traduce en una política eficaz o en una regresión de los derechos de los adolescentes.