Santa Fe prohíbe a los cuidacoches. La nueva ley fija hasta 80 días de arresto.

Tras varios meses de negociaciones, la provincia de Santa Fe sancionó en la madrugada del viernes 2 de octubre la ley N° 14.486, que prohíbe la actividad de los cuidacoches –popularmente llamados “trapitos”– en todo el territorio provincial. La norma se promulgó mediante el decreto 2.121, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.

La legislación incorpora al Código de Convivencia una contravención para quien, sin autorización y pese a la prohibición local, ofrezca espacios de estacionamiento o servicios de guarda, lavado o limpieza a cambio de dinero o cualquier otro beneficio, sea o no la retribución voluntaria. La sanción mínima consiste en de dos a diez días de trabajo comunitario y la prohibición de volver al mismo lugar. Si la persona reincide, la pena se endurece a de diez a veinte días de arresto.

El texto contempla agravantes que duplican los mínimos y máximos cuando se detecta violencia o amenazas, cuando la actividad se realiza en zonas de estacionamiento tarifado, en horarios nocturnos (de 18 hs a 6 hs) o en áreas escolares, bancarias, comerciales y de edificios públicos. También se agrava la falta si ocurre a dos horas antes o una hora después de un evento público masivo dentro de un radio de veinte cuadras.

Para las organizaciones que operan de forma sistemática, la norma establece penas de arresto de diez a veinte días. Si se comprueba la existencia de organizadores, coordinadores o responsables, la escala puede multiplicarse hasta cuatro veces, alcanzando un máximo de 80 días de arresto.

La responsabilidad de aplicar las contravenciones corresponde a los municipios, que deberán adherir la norma mediante ordenanzas aprobadas por sus Concejos. En Rosario, la mesa de trabajo sobre cuidacoches se reunió el viernes pasado para definir cómo la ciudad incorporará la normativa; según informó el diario La Capital, el Concejo podría recibir un texto en los próximos diez días.

La medida generó polémica. En abril, la Pastoral Social de la Iglesia en Rosario se pronunció en contra de la prohibición, argumentando que la medida penaliza a personas en situación de vulnerabilidad que dependen de esa actividad para subsistir. “La iglesia nunca está de acuerdo con ningún delito. El problema es que se empieza por prohibir todo y, por una minoría que suele acudir a la violencia, se restringe un ingreso de personas que están en la calle justamente por necesidad”, sostuvo Fabián Monte, referente de la Pastoral Social.

El senador rosarino Ciro Seisas, por su parte, realizó un relevamiento que indica que en la ciudad de Rosario operan alrededor de 1 395 cuidacoches. La nueva ley busca, según sus autores, eliminar una práctica que consideran informal y potencialmente conflictiva, aunque los críticos advierten que la medida podría empujar a los involucrados a la clandestinidad sin ofrecer alternativas laborales.

Con la promulgación de la ley N° 14.486, Santa Fe se convierte en la primera jurisdicción argentina en criminalizar de forma tan estricta la actividad de los cuidacoches, marcando un precedente que podría ser seguido por otras provincias en los próximos meses.