Senado acelera adhesión parcial al tratado de patentes tras presión de EE. UU.
El oficialismo busca aprobar en trámite exprés la incorporación de Argentina al PCT, pero con una reserva que excluye el examen preliminar internacional. La medida, impulsada por la agenda de Milei y Trump, genera dudas sobre el alcance real del compromiso y la reacción de la industria local.
Tras la presión de Washington para que Argentina se una al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el oficialismo está intentando cerrar el debate en el Senado de manera acelerada. La discusión se moverá este miércoles a una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio, presididas por Francisco Paoltroni (LLA) y Marcelo Lewandowski (Justicialista), respectivamente.
La propuesta que salió de la Cámara de Diputados el 27 de agosto incluye una reserva al Capítulo II del tratado, una exigencia que proviene de la Cámara de la Industria Farmacéutica Nacional (CILFA). Esa reserva elimina el examen preliminar internacional, la auditoría que determina si un invento es patentable antes de que se abra la vía nacional. La decisión de mantenerla plantea la pregunta de si la adhesión será realmente “total” o si se trata de una forma de cumplir con la exigencia de EE. UU. sin ceder los controles que la industria local considera críticos.
El acuerdo comercial entre Javier Milei y el expresidente Donald Trump incluyó, entre sus puntos, la solicitud de que Argentina adhiera al PCT. Desde entonces, representantes de la AmCham Argentina y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos visitaron el Congreso, expresando su preferencia por una ratificación sin reservas, tal como se aprobó en 1998 bajo el gobierno de Carlos Menem. Según sus declaraciones, el Congreso ya ha dado un “triunfo” al aprobar el tratado, aunque la reserva del artículo II sigue en pie.
El contraste entre la posición de los grupos empresariales estadounidenses y la de la industria farmacéutica nacional es notorio. Mientras la primera presiona para una incorporación completa, la segunda busca proteger su capacidad de cuestionar informes preliminares de oficinas de patentes extranjeras, argumentando que esos informes podrían limitar la autoridad del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). La reserva, por tanto, parece una concesión a los intereses locales, pero ¿a costa de qué beneficios concretos?
Las multinacionales farmacéuticas, que anunciaron una posible inversión de US$ 8 000 millones en el país, también han señalado que la adhesión al PCT facilitaría sus exportaciones a Estados Unidos. No obstante, la fuente no aclara si esa cifra incluye condiciones vinculadas a la reserva del Capítulo II, lo que deja abierta la cuestión de cuán vinculada está la inversión a la forma final del tratado.
El PCT, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuenta con 158 Estados contratantes y busca simplificar la primera fase del proceso de solicitud de patentes a nivel internacional. En la mayoría de los países, incluidas las economías desarrolladas y emergentes, las patentes duran 20 años desde la fecha de presentación, aunque el trámite puede alargarse varios años. Argentina es uno de los pocos países de la región que aún no ha ratificado el convenio; una media sanción del Senado en 1998 quedó en vigor, pero nunca se concretó la adhesión, pese a casi 30 años de gestiones.
El oficialismo pretende dictaminar la reserva en la misma reunión y llevar el texto al recinto pleno, donde se espera que los senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y los provinciales definan el voto final. La ausencia de un consenso claro sobre la reserva del Capítulo II genera incertidumbre: ¿la medida será suficiente para satisfacer a EE. UU. y a la industria local, o simplemente una jugada política para cerrar un proceso que lleva décadas estancado?
En definitiva, la rapidez con la que se está impulsando la aprobación del PCT, la inclusión de una reserva polémica y la presión simultánea de actores internacionales y nacionales plantean más preguntas que respuestas. El Senado tiene la última palabra, pero la verdadera prueba será si la adhesión parcial logra los objetivos de inversión y cooperación prometidos, o si la reserva termina erosionando la credibilidad del sistema de patentes argentino.



