Suárez convenció al “senado” franquista para impulsar la Ley de Reforma
El 8 de octubre de 1976 el presidente Adolfo Suárez se presentó ante el Consejo Nacional del Movimiento, el “senado” de la dictadura, para lograr un dictamen favorable a la Ley de Reforma Política. La estrategia, presentada como “pequeños cambios jurídicos”, dejó en evidencia la fragilidad de un proceso que dependía de una opinión preceptiva pero no vinculante.
En octubre de 1976 España daba sus primeros pasos hacia la Transición. Cuatro semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de Ley para la Reforma Política, Suárez tuvo que enfrentar el primer obstáculo institucional: el dictamen del Consejo Nacional del Movimiento (CNM), órgano creado en 1937 que funcionaba como un “senado” de la dictadura. Aunque sus informes eran preceptivos y no vinculantes, el CNM debía emitir una opinión antes de que la norma pudiera pasar a las Cortes.
El CNM estaba compuesto por 99 consejeros: uno por cada provincia, 40 designados directamente por Franco, 12 representantes de las estructuras básicas del régimen (familia, sindicatos y administración local) y seis nombrados por el propio presidente del Consejo, cargo que ocupaba Suárez como presidente del Gobierno. La presencia de designados por Franco plantea la primera cuestión: ¿cómo pudo un cuerpo mayoritariamente alineado con la antigua autoridad legitimar una reforma que pretendía desmantelar su propio marco constitucional?
Según el historiador Francisco J. Leira‑Castiñeira, autor de Retrato de la Transición, la negociación con los consejeros recayó principalmente en Suárez y en Torcuato Fernández‑Miranda, presidente de las Cortes. Ambos describieron la Ley como una “evolución” y la presentaron a los miembros del CNM como “pequeños cambios jurídicos” diseñados para contentar a la sociedad sin romper el orden franquista. Esta narrativa, sin embargo, contrasta con la realidad de que la Ley para la Reforma Política se convirtió en el marco necesario para la legalización de partidos en 1977, las elecciones constituyentes del mismo año y, en última instancia, la aprobación de la Constitución de 1978. ¿Fue la “evolución” una mera estrategia de persuasión o una auténtica convicción de los negociadores?
Leira‑Castiñeira señala que las gestiones se hicieron de forma individualizada: a los conservadores se les aseguró que la norma no supondría una ruptura, mientras que a los reformistas se les vendió como la vía para un cambio político. Este enfoque “a la carta” evidencia la complejidad del proceso, pero también deja sin respuesta cómo se equilibraron esas promesas contradictorias dentro de un mismo proyecto de ley.
El ambiente interno del Gobierno no era menos tenso. José Manuel Otero Novas, entonces director general de Política Interior, admitió que siempre temían que las negociaciones fracasaran. Comentó que, cuando surgían problemas, enviaba notas a Suárez con posibles soluciones de repuesto, aunque esas alternativas resultaban más costosas. La dependencia de “soluciones de repuesto” sugiere que la viabilidad del proceso estaba lejos de estar asegurada y que el éxito dependía de un delicado juego de maniobras políticas.
El 8 de octubre, Suárez defendió el proyecto ante el pleno del CNM, describiendo la reforma como “una evolución” que garantizaría estabilidad política. La crónica de la época indica que ningún consejero aplaudió; la sala quedó en una “frialdad” palpable. Suárez abandonó la sesión alegando compromisos en el Consejo de Ministros, y la discusión continuó bajo la intervención del consejero Francisco Abella. La falta de aplausos y la salida del presidente plantean otra interrogante: ¿qué peso tuvo realmente el dictamen del CNM si el propio Suárez parecía menos interesado en su contenido que en la votación posterior de los procuradores en las Cortes?
Rafael Arias‑Salgado, exministro de UCD y presidente de la Fundación Transición Española, sostiene que el CNM aprobó la reforma porque el proyecto “respetó la legalidad vigente”. Sin embargo, la propia legalidad del régimen franquista estaba basada en normas que la reforma pretendía transformar. La paradoja de legitimar un cambio estructural bajo la cobertura de la “legalidad del Movimiento” queda sin resolver.
A 50 años de aquel informe, la figura de Suárez sigue como un artífice clave de la Transición, pero el relato oficial oculta los vacíos que aún persisten: la naturaleza no vinculante del dictamen, la composición partidista del CNM y la disparidad entre la retórica de “pequeños cambios” y la magnitud de la transformación que se desencadenó. La historia nos muestra que la transición no fue un proceso line
