Subte deja sin servicio a usuarios hasta liberar a los delegados
El servicio de las seis líneas de subte de la Ciudad se detuvo luego de que la policía retuviera a Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia. Los dos primeros fueron liberados alrededor de las 15 hs, mientras que Segovia salió minutos después y anunció que el paro continuará. El sindicato AGTSYP exige la inmediata puesta en libertad de los detenidos y el cese de la represión.
Apenas se confirmó la detención de los tres metrodelegados, el subte dejó de circular en sus seis líneas y en el Premetro. Los detenidos fueron Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia. Según la información disponible, Dellecarbonara y Heredia fueron puestos en libertad alrededor de las 15 hs; Segovia recuperó la libertad pocos minutos después de su captura.
En su cuenta de X, Segovia escribió: “A penas lleguen a nuestros compañeros, levantaremos el paro. Mientras seguirán interrumpidas todas las líneas de subte”. La AGTSYP, en comunicado oficial, calificó la interrupción como “respuesta directa a esta persecución y criminalización de la protesta” y declaró que no habrá servicio hasta la “inmediata liberación de los compañeros detenidos”, exigiendo su libertad urgente y el cese de la represión.
El Gobierno de la Ciudad emitió la Resolución 1201/SECTE/26, que intimó a los trabajadores, a los gremios (AGTSYP, UTA y ASSRA) y a la operadora Emova a garantizar servicios mínimos. La norma recuerda el Decreto N.º 230/26, que obliga a mantener al menos el 50 % de cobertura operativa en cada línea y en el Premetro.
El conflicto se originó cuando el referente sindical Sebastián Carrizo abrió los accesos de emergencia para permitir el paso gratuito de los pasajeros. La Unidad Fiscal Norte, bajo la conducción de Natalia Pla, ordenó la detención de Carrizo por desobediencia. Durante esa detención, Dellecarbonara y Heredia intervinieron para frenar el procedimiento policial, mientras Carrizo quedó atrincherado dentro del recinto.
Quedan abiertas preguntas sobre la capacidad del gobierno para restablecer el servicio bajo el marco legal exigido y sobre qué consecuencias enfrentarán los responsables de la detención si persiste la paralización.
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