Superávit de agosto se sostiene en recortes, alerta el CEPA

El sector público nacional terminó agosto con un superávit primario de 1,99 billones de pesos y un superávit financiero de 0,64 billones, según los datos oficiales publicados esta semana. A primera vista, los números parecen confirmar que la política fiscal ha logrado revertir la tendencia de déficit que marcó los últimos años.

Sin embargo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) lanza una advertencia que corta la euforia. Para el grupo de economistas, el equilibrio registrado no es fruto de un mayor dinamismo de los recursos del Estado, sino del “drástico y sostenido recorte del gasto público”. En otras palabras, la balanza positiva se mantiene porque el gobierno ha reducido fuertemente el desembolso, no porque haya aumentado la recaudación ni mejorado la eficiencia del gasto.

Esa diferencia es crucial. Un superávit impulsado por recortes profundiza la presión sobre los servicios y programas que dependen del financiamiento público. El CEPA no detalla en la nota cuáles áreas fueron más afectadas, pero la falta de información genera incertidumbre: ¿se están recortando partidas esenciales como salud, educación o seguridad? ¿Cuáles son los efectos colaterales en la población y en la actividad económica?

La postura del CEPA también plantea preguntas sobre la sostenibilidad del modelo fiscal. Si el superávit depende de una política de austeridad, ¿qué ocurrirá cuando el margen para seguir recortando se agote? La institución sugiere que la arquitectura del superávit es “frágil”, lo que implica que cualquier contracción de la actividad económica o cualquier aumento inesperado del gasto podría volver a colocar al Estado en déficit.

En la práctica, la ausencia de datos sobre la composición del gasto y la falta de indicadores de recaudación hacen difícil evaluar la magnitud real del riesgo. La nota oficial no menciona si la recaudación tributaria mostró algún repunte ni si se implementaron medidas de mejora estructural en la gestión de los recursos. Sin esos elementos, la afirmación del CEPA queda en una alerta que necesita ser contrastada con información más completa.

Mientras tanto, la prensa oficial sigue destacando los números positivos, mientras que analistas y observadores del sector público piden mayor claridad. La cuestión central que queda sin respuesta es si el superávit de agosto es una señal de una política fiscal responsable o simplemente el reflejo de un ajuste que podría costarle caro al país en términos de servicios y crecimiento a mediano plazo. La respuesta dependerá de los próximos informes y de cómo el gobierno maneje el delicado equilibrio entre recortes y la necesidad de mantener la calidad de los servicios públicos.