Tarifas al alza en 2027 para recortar $800 millones en subsidios
El Gobierno proyecta subir las tarifas de luz, gas y colectivos el próximo año para achicar el gasto en subsidios en unos $800 millones. La medida llega en un año electoral y plantea dudas sobre el impacto real en los usuarios que ya reciben ayuda focalizada.
Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el presupuesto que el Ejecutivo envió al Congreso para 2027 incluye nuevos aumentos en las tarifas de energía y transporte público con el objetivo de reducir el gasto público en subsidios en el equivalente a unos 800 millones de dólares. En términos de Producto Interno Bruto (PIB), la carga de los subsidios pasaría de 0,64 % en 2026 a 0,53 % en 2027, lo que representa una caída de US$ 5.200 millones a US$ 4.400 millones. Los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo señalan que sería el sexto año consecutivo de disminución del peso de los subsidios respecto del producto.
El año 2027 coincide con las elecciones presidenciales, y el propio Gobierno parece querer evitar “malas noticias” para el electorado. Desde este año, la estrategia incluye reservar un margen que permita contener los aumentos y atenuar la inflación, aunque no se detalla cómo se logrará ese equilibrio.
La política oficial apunta a “reducir la brecha entre los precios a los que se ofrece la energía a los usuarios y el costo real”, concentrando la ayuda estatal en la mitad de la población que la necesita. El equipo económico de Luis Caputo calculó que los usuarios residenciales “sin subsidio” cubrirán el 94,62 % de los costos de generación eléctrica con sus tarifas, mientras que los 8,8 millones de hogares incluidos en el régimen focalizado de subsidios cubrirán el 64,27 % del costo. La paradoja es que, pese a la intención de focalizar, el resto del gasto en energía seguirá financiado por el Tesoro.
El sector eléctrico sigue absorbiendo la mayor parte del gasto en subsidios: se estima en 3,1 billones de pesos para 2027, con un ajuste real superior al 35 % interanual (descontado el efecto de la inflación). Las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) perderán peso relativo en el Producto, pasando del 0,34 % al 0,22 %. En conjunto, el gasto en energía se reducirá de 0,44 % a 0,37 % del PIB.
En el sector del transporte, la proporción del gasto público también disminuirá, de 0,19 % a 0,16 % del PIB. El ajuste previsto incluye un aumento del 9 % en los costos de los trenes —donde aún se declara “emergencia ferroviaria”— y un 26,4 % en los colectivos, ya sea por nuevos aumentos de tarifas o por recortes en las prestaciones del servicio público.
Quedan varias incógnitas. ¿Cómo afectarán estos aumentos a los usuarios que, aunque no reciban subsidio directo, ven reflejado el costo en sus facturas? ¿La focalización de la ayuda será suficiente para evitar que la medida genere presión social en un año electoral? Además, la reducción de subsidios se mide en términos de PIB, pero no se explica si el alivio fiscal se traducirá en una disminución real del gasto de los hogares. Por último, la estrategia de “reservar un margen” para contener la inflación no está detallada, lo que deja abierta la cuestión de si el Gobierno podrá cumplir la promesa sin agravar la carga sobre los más vulnerables.
