Trump lleva a la Corte Suprema muro fronterizo de Texas

La administración de Donald Trump trasladó la disputa del muro fronterizo de Texas a la Corte Suprema de Estados Unidos. El pedido, presentado el 21 de octubre, busca reactivar las obras de Big Bend después de que la jueza Kathleen Cardone suspendiera la construcción el 2 de octubre, prohibiendo cualquier barrera, infraestructura vinculada o movimiento de tierra sin respetar la normativa aplicable.

En el expediente oficial, la solicitud de emergencia se inscribe en la causa Markwayne Mullin contra Friends of the Ruidosa Church. El magistrado Samuel Alito exigió una respuesta a los demandantes antes del 29 de octubre; hasta el momento no hay una resolución definitiva. El escrito del Departamento de Justicia, firmado por el procurador general D. John Sauer, pidió suspender la medida cautelar mientras avanza la revisión y solicitó a la Corte que acepte el caso y revoque sumariamente la decisión del tribunal de Texas.

La paralización afecta un sector fronterizo de alrededor de 500 millas (805 kilómetros). El plan combina barreras físicas, caminos e instrumentos de vigilancia dentro del Parque Nacional Big Bend y en terrenos privados y estatales de la región. Según la administración, se construyen unas 12 millas (19 kilómetros) semanales. Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), declaró a Associated Press que la prioridad de la agencia es identificar a las personas y los bienes que ingresan a EE. UU., incluso en áreas con históricamente bajos cruces irregulares. Advierte que dejar a Big Bend sin infraestructura mientras se refuerzan otros tramos podría trasladar el tránsito clandestino a esa zona y afirmó: “Estoy 100 % convencido de que quedará completamente desbordada y destruida”.

Scott puntualizó que los planes para el parque nacional no incluyen grandes muros de acero y que la agencia mantiene conversaciones con residentes sobre el tipo de infraestructura adecuado. Anticipó que el muro principal estaría terminado en diciembre de 2027 y que el proyecto completo concluiría antes del final del segundo mandato de Trump.

La jueza Cardone, al suspender la obra, también anuló la eficacia de tres exenciones legales que facilitaban los trabajos. El fallo preliminar sostuvo que los demandantes —Friends of the Ruidosa Church, el Centro para la Diversidad Biológica y un guía fluvial— tenían probabilidades de prosperar en al menos uno de sus reclamos y enfrentaban riesgos de perjuicios graves e irreparables. El conflicto gira en torno a la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, que permite al secretario de Seguridad Nacional dispensar determinadas exigencias legales para acelerar barreras fronterizas; los demandantes objetaron que el gobierno extendiera esas facultades a una región que, según ellos, no registra una entrada irregular elevada.