Trump vuelve a presionar a la Corte para frenar el voto por correo

El domingo, la administración de Donald Trump reiteró su pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos para que anule una orden judicial que, según el gobierno, “sembraría confusión y caos” en el proceso de voto por correo. La solicitud, presentada por el procurador general John Sauer, es la tercera que hace el Ejecutivo al máximo tribunal desde que una jueza federal, Indira Talwani, amplió una medida que bloquea la ejecución de la orden ejecutiva de Trump sobre el tema electoral.

Talwani, del tribunal de distrito, amplió una orden que impide al Servicio Postal (USPS) obligar a los estados a cumplir con la directiva presidencial. Con la medida en vigor, el USPS no puede forzar la aplicación de los cambios que la Casa Blanca quiere imponer antes de las elecciones de mitad de mandato. La petición de Sauer insiste en que cada día que la orden siga vigente “crea incertidumbre” porque los pasos necesarios para cumplir la norma quedarían “voluntarios, en lugar de obligatorios”.

El argumento central del gobierno es que ya se están enviando boletas por correo en Carolina del Norte y que pronto seguirán Alabama, a partir del 9 de septiembre, y al menos cinco estados más durante la semana del 13 de septiembre. Según Sauer, una vez que los sobres entren al flujo postal “no hay forma de recuperarlos”. La solicitud pide, en palabras del procurador, una “suspensión administrativa inmediata” de la orden, seguida de una “suspensión total” mientras se revisan las directrices del USPS.

Sin embargo, la petición deja varios puntos sin aclarar. Primero, no detalla qué restricciones concretas quiere imponer el gobierno. La orden ejecutiva de Trump, anunciada en 2020, buscaba cambiar los plazos de entrega, limitar la cantidad de sobres que el USPS podía aceptar y establecer requisitos adicionales para la validación de las boletas. La solicitud ante la Corte no especifica si se pretende aplicar todas esas medidas o solo algunas, ni indica cómo se ajustarían los sistemas estatales ya en marcha.

Segundo, la petición no aborda la cuestión de la viabilidad temporal. Con el envío de boletas ya iniciado, los estados tendrían que adaptar sus procesos en cuestión de días o semanas. Sauer menciona que la orden judicial “hace que esos pasos preparatorios sean voluntarios”, pero no explica qué mecanismo usaría el gobierno para obligar a los estados a cumplir con los cambios propuestos, ni cómo se garantizaría que el USPS pueda cumplirlos sin afectar la entrega de los sobres.

Tercero, la solicitud menciona que la elegibilidad para el voto por correo seguirá regida por la legislación estatal y que el USPS no participará en la determinación de quién puede votar o en el recuento. No obstante, la propia orden ejecutiva de Trump pretendía que el Servicio Postal desempeñara un papel activo en la verificación de los requisitos de los sobres, lo que genera una contradicción interna: por un lado, el gobierno pide que el USPS sea “obligado” a seguir la normativa, y por otro, asegura que el organismo no tendrá ninguna responsabilidad en la elegibilidad o el conteo.

La Corte Suprema, que ya ha permitido que el plan de envío de boletas avance, aún no se pronunció sobre la legalidad de la orden ejecutiva. El hecho de que el máximo tribunal haya dejado en suspenso la decisión final abre la puerta a que el litigio continúe durante semanas, mientras los estados avanzan con la distribución de boletas. Dado que “casi un tercio de los votantes en Estados Unidos emiten su voto por correo”, cualquier cambio de último minuto podría afectar a millones de electores.

El contexto político también pesa en la discusión. Los estados gobernados por demócratas y los grupos de defensa de los derechos electorales califican los cambios propuestos como inconstitucionales, argumentando que la falta de tiempo impide a los funcionarios electorales revisar y adaptar sus sistemas. Por su parte, la administración de Trump ha sostenido que las restricciones son “de sentido común” y que están dentro de su autoridad para regular el correo. La paradoja es que el propio Trump, a diferencia de varios de sus críticos, ha utilizado el voto por correo para emitir su propio sufragio, lo que plantea la pregunta de por qué ahora se insiste en limitar ese mismo método.

En última instancia, la petición a la Corte Suprema deja sin respuesta preguntas clave: ¿qué medidas concretas pretende imponer el gobierno y cómo se aplicarán en un calendario tan ajustado? ¿Existe un plan realista para que los estados y el USPS cumplan con esas directrices sin comprometer la entrega de boletas? ¿Cómo se concilia la contradicción entre la supuesta ausencia de rol del USPS y la exigencia de que sus procedimientos sean obligatorios?

Mientras tanto, los votantes siguen recibiendo sus sobres y los funcionarios electorales continúan preparando la logística de una elección que ya se perfila como decisiva para el control del Congreso. La batalla judicial, que ya lleva tres solicitudes ante la Corte, parece lejos de resolverse, y la incertidumbre que el gobierno busca eliminar podría, de hecho, intensificarse a medida que se acerquen las fechas clave del proceso electoral.