UBA ocupa Plaza de Mayo para presionar cumplimiento de la Ley
La Universidad de Buenos Aires organizó clases abiertas y consultas médicas en la capital, exigiendo que el Gobierno respete la Ley de Financiamiento Universitario y los fallos judiciales. La jornada, que se extendió desde las 8 a.m. hasta la medianoche, contó con la participación de decanos, el vicerrector y los gremios del sector.
Este martes la Universidad de Buenos Aires (UBA) transformó la Plaza de Mayo en un espacio de “visibilización” para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde las ocho de la mañana hasta la medianoche se alternaron clases públicas, atención médica y odontológica en consultorios móviles, y asesoramiento jurídico, contable y psicológico. La consigna que encabezó la convocatoria fue “Exigimos que la justicia haga cumplir la Ley y que el Gobierno acate los fallos”.
La medida se dio en el marco de la cautelar dictada por la justicia en diciembre pasado, que ordenó recomponer salarios y becas estudiantiles, según los artículos 5 y 6 de la ley de Fondos. Dicha cautelar quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, pero el Ejecutivo no ha ejecutado las medidas. Los organizadores señalaron que la autoridad judicial volvió a confirmar la orden el martes, concediendo al Gobierno tres días para explicar sus acciones; el plazo venció el 4 de septiembre sin que se haya recibido respuesta.
En la plaza, los gremios del sector universitario se encargaron de la logística: instalaron sillas, pizarras y los equipos necesarios para las clases abiertas. Participaron el vicerrector Emiliano Yacobitti y los decanos de las trece facultades de la UBA, algunos de los cuales impartieron lecciones directamente al público. La jornada también incluyó largas filas de estudiantes y vecinos que recibieron atención médica y dental gratuita, y quienes buscaron orientación legal o psicológica.
Las demandas se centraron en la recomposición salarial que, según universidades y gremios, debería ascender al 31,2 % adicional, sumándose al acuerdo paritario de junio que estableció un aumento del 24,3 % en dos tramos. Los abogados de la UBA pidieron, además, que se apliquen multas diarias y se intime por desobediencia a funcionarios del subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, a la ministra de Educación Sandra Pettovello, al jefe de Gabinete Diego Santilli y al presidente Javier Milei.
Paralelamente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció que presentará este miércoles en el Congreso su proyecto de presupuesto para 2027. El cálculo, elaborado por todas las universidades públicas, asciende a 11 billones de pesos, cifra que incluye el 90 % destinado a salarios y el resto a funcionamiento institucional. En la sesión del 4 de septiembre en la Universidad Nacional de Río Negro, el CIN aprobó el documento que será expuesto a los legisladores a las 14 30 por el presidente del consejo, Franco Bartolacci, y su vicepresidente, Anselmo Torres.
Para 2026, la solicitud había sido de 7,3 billones, pero el Presupuesto otorgó solo 4,8 billones; en julio el Gobierno amplió la partida en 1,33 billones para cubrir parcialmente el acuerdo salarial de junio, que se pagó al 21 %. La Ley de Financiamiento lleva 329 días sin aplicarse, y la última decisión del juez Martín Cormick mantuvo la cautelar, pese al pedido del Ejecutivo de levantarla.
En otras provincias, la protesta se
