Uñac es notificado en la causa del acueducto Gran Tulum
El exgobernador de San Juan figura entre los once citados por la Fiscalía por presuntos sobreprecios y fallas en la calidad de las tuberías del proyecto. La investigación, nacida de reportes periodísticos, también involucra a exfuncionarios de la obra y a la empresa proveedora Krah América Latina.
Sergio Uñac, quien dirigió la provincia de San Juan entre 2015 y 2019, quedó alcanzado por una investigación judicial que apunta a irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum. La Fiscalía notificó a Uñac como parte de una lista de once personas que, según los fiscales, podrían haber influido en decisiones que favorecieron a la empresa proveedora de tuberías, Krah América Latina.
Entre los notificados se encuentran Julio César Ortiz Andino, quien ejercía como ministro de Infraestructura durante la gestión de Uñac, y cuatro expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). También se citó a funcionarios vinculados directamente al proyecto y a Gustavo Mastelono, representante de Krah, la compañía que suministró los caños. La causa se originó a partir de investigaciones periodísticas realizadas por medios locales, que pusieron sobre la mesa sospechas de sobreprecios y de problemas de calidad en los materiales empleados.
El punto que más genera controversia es el vínculo familiar entre Uñac y Gustavo Monti, primo del exgobernador y apoderado de Krah. Según la investigación, Monti habría actuado como interlocutor de la empresa ante OSSE, lo que plantea la pregunta de si se tomaron decisiones institucionales destinadas a beneficiar a Krah. La Fiscalía aún no ha precisado si existen pruebas de una colusión directa, pero la simple existencia de ese nexo familiar ya genera dudas sobre la transparencia del proceso de contratación.
Otro actor señalado es Cristian Andino, quien presidió OSSE entre 2011 y 2015. Andino asegura que su participación se limitó al tramo inicial del acueducto y que abandonó la empresa estatal antes de que llegaran las tuberías objeto de la polémica. Su testimonio, sin embargo, no descarta la posibilidad de que decisiones tomadas en etapas posteriores hayan repercutido en la calidad de la obra, que sigue inconclusa.
Los sobreprecios y la supuesta deficiencia de los caños son los cargos que motivan la investigación. La obra, iniciada bajo la administración de Uñac, aún no está terminada, y la falta de avances alimenta la presión de los vecinos que dependen del suministro de agua. La Fiscalía, al notificar a los once involucrados, da un paso previo a la formalización de la causa, lo que podría derivar en audiencias y, eventualmente, en cargos penales si se comprueban los indicios de corrupción.
Quedan varias incógnitas sin respuesta. ¿Se realizaron licitaciones transparentes o hubo manipulación de los procesos de compra? ¿Qué rol jugó la empresa Krah en la selección de los materiales y en la supervisión de su instalación? ¿Existen registros que demuestren que los precios pactados excedieron los de mercado, y en qué medida? La investigación aún no ha aclarado si los sobreprecios fueron fruto de errores de cálculo o de una estrategia deliberada para desviar fondos públicos.
En tanto, la ciudadanía de San Juan observa con recelo la evolución del caso. La falta de una obra terminada y la aparición de nombres de alto nivel político en la lista de notificados alimentan la desconfianza en la gestión pública. La Fiscalía tiene la tarea de esclarecer si la relación familiar entre Uñac y Monti se tradujo en decisiones que perjudicaron al Estado, o si, por el contrario, la denuncia se basa en sospechas sin sustento probatorio.
La causa sigue en fase de investigación. Hasta que el tribunal no emita una resolución definitiva, la pregunta que queda abierta es si la justicia logrará desentrañar una posible trama de sobreprecios y favoritismo, o si el caso quedará en la lista de procesos judiciales que nunca llegan a una conclusión clara.
