Universidades reclaman $11 billones, Gobierno asigna $7,3: brecha del 33 %

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó esta semana una propuesta de presupuesto para 2027 que asciende a $11 billones, cifra que incluye salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia, becas y hospitales. Según los rectores, el Ejecutivo sólo destinó $7,3 billones, lo que representa una reducción de alrededor del 33 % respecto a lo que estiman necesario para que las casas de estudio puedan operar el próximo año.

Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo que “si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases”. La alerta se produce en medio de una cautelar dictada por el juez Martín Cormick, que obligó al Estado a cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado, el 1 de septiembre, rechazó la solicitud del Gobierno de levantar esa medida, manteniéndola vigente.

El Ejecutivo, por su parte, argumenta que la propuesta del CIN está “injustificada”. Según los voceros gubernamentales, el cálculo de los rectores incorpora “la interpretación de los sindicatos de los aumentos y la vigencia total de la ley, cuando la cautelar sólo autorizó ajustes en becas y salarios”. Además, citan el acuerdo paritario de junio, que otorgó un aumento del 21,3 % más otro 3 % en octubre, y afirman que el incremento salarial del 3 % de octubre deja al presupuesto “1,15 % arriba de lo que plantea el fallo judicial”.

En la práctica, la diferencia se traduce en cifras que los rectores describen como insuficientes: mientras el 90 % del presupuesto universitario se destina a salarios, ellos estiman que aún falta un 31,2 % de recomposición para cumplir la ley. La propuesta del CIN señala que, si el Gobierno proyectara su cumplimiento con la normativa vigente, debería haber presupuestado $9,8 billones; la cifra de $11 billones incluye actualizaciones de otras áreas.

La disputa no es solo financiera. Los funcionarios del Ejecutivo acusaron a algunos rectores de “actuar como sindicalistas o influenciados por la izquierda”, mientras los universitarios piden mayor celeridad al juez Cormick, a la luz del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio que confirmó la cautelar a favor de las universidades. Los rectores también han solicitado que se impongan multas a los funcionarios que obstaculicen el pago y que se intime causa penal por desobediencia.

En el Congreso, la propuesta del CIN ya está circulando entre diputados y senadores, y se espera que los gobernadores de las provincias donde se ubican las universidades la revisen en las próximas semanas. El Gobierno, sin embargo, mantiene que su presupuesto incluye la cautelar y una proyección inflacionaria del 18 % bajo el rubro “refuerzo y fortalecimiento de recursos humanos”. En el caso de los hospitales universitarios, el Ejecutivo señaló que el tope presupuestario se concentra mayormente en la UBA, pidiendo a los hospitales de provincias que justifiquen sus gastos.

Quedan abiertas varias preguntas: ¿cómo se van a conciliar los cálculos discrepantes sin que el presupuesto universitario quede en un limbo? ¿Qué papel jugará el juez Cormick frente a los escritos de los abogados del Estado que, según el Ejecutivo, ya están “en camino de cumplir la ley”? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias habrá para los estudiantes si el presupuesto no se ajusta a la demanda de $11 billones antes de que arranque el ciclo lectivo de 2027? La respuesta dependerá de la negociación entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y el sistema universitario, en un contexto donde la educación superior parece estar atrapada entre la normativa judicial y la política presupuestaria.