UNSJ obligada a recuperar 41 jornadas perdidas. Juez exige plan en cinco días tras paros docentes

El viernes 9 de octubre el Juzgado Federal N.º 1 de San Juan, a cargo del magistrado Leopoldo Rago Gallo, dictó una resolución que hace lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por un grupo de padres de alumnos de tres colegios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El fallo exige a la universidad que, en un plazo de cinco días, comunique un Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica para garantizar la finalización del ciclo lectivo 2026.

Los establecimientos involucrados son la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”. Según el relevamiento presentado por las familias, los tres institutos acumularon 41 jornadas sin clases a causa de las medidas de fuerza de los docentes durante el presente año lectivo. El grupo de padres, que reunió a más de 600 familias, impulsó una acción de amparo colectivo el 24 de septiembre para exigir la garantía del calendario escolar, el cumplimiento del mínimo de días de clase y la dictadura de los contenidos obligatorios.

En sus fundamentos, el juez Rago Gallo consideró acreditadas, con el grado de verosimilitud exigido para una medida cautelar, las reiteradas interrupciones en el dictado de clases. Señaló que la documentación presentada no incluía un programa de recuperación y, por ello, ordenó a la UNSJ adoptar medidas académicas, administrativas y organizativas que aseguren la conclusión del ciclo lectivo, la reposición de las jornadas y horas perdidas y el dictado de los contenidos curriculares obligatorios.

La resolución se apoya en la Ley 25.864, que establece un mínimo de 180 días efectivos de clase para los establecimientos educativos comprendidos en su alcance, y en la resolución del Consejo Federal de Educación que fija un piso de 190 días. La normativa interna de la UNSJ, por su parte, contempla 33 semanas de actividades escolares para sus institutos preuniversitarios. El magistrado recordó que, si bien la autonomía académica e institucional permite a la universidad elegir los medios pedagógicos que estime adecuados, no la exime del cumplimiento de las obligaciones vinculadas al calendario escolar y a la compensación de los días perdidos.

El fallo también abordó la necesidad de armonizar dos derechos constitucionales en juego: el acceso a la educación y el ejercicio del derecho de huelga por parte de los docentes. “Ambos derechos deben ser armonizados de manera que ninguno implique la anulación del otro”, sostuvo el juez, subrayando que la medida de fuerza debe coexistir con la garantía de continuidad pedagógica.

La decisión judicial se produce en un contexto de creciente tensión en el sector universitario. Mientras las autoridades de la UNSJ, los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles organizan una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves frente al Congreso de la Nación, los reclamos se centran en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y trabajadores, y el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades públicas.

Con el plazo de cinco días ya en marcha, la comunidad educativa de San Juan espera la publicación del plan que la universidad debe presentar a la autoridad judicial. La medida busca evitar que la acumulación de jornadas sin clases comprometa la culminación del ciclo lectivo 2026 y garantice que los estudiantes de los tres colegios preuniversitarios puedan recuperar los contenidos perdidos antes del cierre del año escolar.