Vigo exige dimisión de Ferrero tras detención de su asesor

La senadora nacional Alejandra Vigo, del bloque oficialista, volvió a generar ruido en la Legislatura cordobesa al exigir la renuncia de la diputada radical Alejandra Ferrero (UCR). La petición se produce después de que el asesor de Ferrero, Omar Ludueña, fuera detenido el viernes pasado en una causa por abuso sexual intrafamiliar. “Ferrero debe renunciar”, afirmó Vigo a La Voz del Interior, insistiendo en que la medida sea “una respuesta contundente” a la nueva denuncia.

Vigo rememora su anterior reclamo contra el peronista Ramón Flores, cuyo asesor José Villarreal está detenido por grooming y abuso sexual a menores en el norte de la provincia. “Tengo la misma convicción que expresé firmemente en la oportunidad anterior”, repitió la senadora, señalando que la consistencia en la postura es clave.

El pedido de dimisión no ha sido recibido sin resistencia dentro del oficialismo. Un legislador del bloque peronista calificó la iniciativa como “un ruido” y advirtió que “no hay que revolear pedidos así”. El crítico sostuvo que Ferrero “tiene que estar por encima de esto”, insinuando que la presión interna podría estar desbordando los límites del debate parlamentario.

Al mismo tiempo, la Legislatura se vio sacudida por otra denuncia: Pablo Ortiz, funcionario de Cormecor (el ente intergubernamental que gestiona residuos en Córdoba y Gran Córdoba), también enfrenta una acusación. Ortiz responde a Facundo Torres, presidente del PJ cordobés y jefe del bloque oficialista, quien esa misma mañana acusó al radicalismo de “mear agua bendita cuando tenían a un abusador trabajando para el bloque”. La frase encendió la furia de varios parlamentarios de la oposición y mantuvo en alerta a los setenta legisladores de la Unicameral.

El propio Torres, además de liderar el PJ provincial, se convirtió en vocero de la acusación contra el radicalismo desde que estalló el caso Ludueña, quien había militado previamente para el deloredismo y, antes aún, para Oscar Aguad. La falta de una estrategia clara quedó patente cuando un peronista admitió que “no hay un orden, ni una estrategia” respecto a los pedidos de renuncia, añadiendo que “no podemos caer en un pedido de renuncias constante”.

Este clima de denuncias cruzadas plantea varias preguntas sin respuesta. ¿Por qué la presión recae de forma desigual sobre los legisladores de distintos bloques? ¿Se trata de una medida de control político o de una verdadera búsqueda de responsabilidad institucional? La ausencia de una coordinación clara entre los partidos sugiere que la crisis de confianza dentro de la Legislatura supera la mera cuestión de los casos individuales.

Mientras tanto, la detención de Ludueña y Villarreal sigue bajo investigación, sin que se haya precisado el alcance de los hechos ni el vínculo directo con sus actividades legislativas. La falta de información concreta sobre los procesos judiciales alimenta la incertidumbre y dificulta que la ciudadanía evalúe la gravedad de la situación.

En definitiva, la exigencia de Vigo pone en evidencia una Legislatura en crisis, donde la lucha por la imagen y la coherencia política parece competir con la necesidad de respuestas efectivas ante graves acusaciones de abuso sexual. La pregunta que queda en el aire es si la renuncia de Ferrero, de llegarse a concretar, aportará una solución real o simplemente será otro episodio más en una cadena de polémicas que aún no tiene un cierre claro.