15 estados de EE.UU. respaldan demanda contra Argentina ante la Corte Suprema
Los fiscales generales de quince estados y territorios presentaron un amicus curiae el 30 de octubre, apoyando a Petersen y Eton Park para revertir la decisión del Segundo Circuito que anuló una condena de US 16.100 millones. Argentina tiene hasta el 2 de diciembre de 2026 para responder y la Corte aún debe decidir si acepta el caso.
El 30 de octubre los fiscales generales de quince estados y territorios estadounidenses, encabezados por Missouri, ingresaron ante la Corte Suprema de EE. UU. un amicus curiae que respalda a los demandantes Petersen y Eton Park. El escrito, que busca que el máximo tribunal revise la sentencia del Segundo Circuito, fue dado a conocer el lunes 2 de noviembre por el analista Sebastián Maril.
En marzo de 2026 la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revirtió una sentencia de primera instancia que había condenado a la Argentina a pagar aproximadamente US 16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012. Los fiscales argumentan que el criterio adoptado por esa Corte de Apelaciones podría convertirse en una herramienta para que otros Estados extranjeros eviten las consecuencias de sentencias dictadas por tribunales estadounidenses mediante la sanción de leyes internas favorables a sus intereses.
El amicus no implica una nueva condena ni que la Corte Suprema haya aceptado revisar el caso; simplemente solicita al máximo tribunal que intervenga. Según el calendario judicial, la Argentina dispone de plazo hasta el 2 de diciembre de 2026 para responder al pedido de revisión, y luego la Corte decidirá si admite el expediente.
La intervención de los fiscales añade presión jurídica a un litigio que sigue bajo la lupa del mercado, dada la magnitud del reclamo y sus posibles repercusiones en las cuentas públicas argentinas. Los fiscales advirtieron que anular la sentencia millonaria contra la Argentina podría sentar un precedente para que otros gobiernos extranjeros eviten responder ante la justicia estadounidense, al habilitar a los Estados nacionales a usar leyes locales para eludir demandas en tribunales estadounidenses.
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