Argentina confía en fallo favorable del Tribunal del Mar en Malvinas
El Ejecutivo muestra optimismo antes de las audiencias de 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, mientras prepara nuevas sanciones contra las petroleras que operan en la zona. La defensa, encabezada por la Secretaría Legal y Técnica, busca medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion.
El Gobierno argentino se declara optimista respecto a la posibilidad de obtener una resolución favorable del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en su reclamo contra el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Las audiencias están programadas para los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, y se espera que los jueces emitan su pronunciamiento en las semanas siguientes, según estimaciones internas que sitúan la decisión entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, lo que ubicaría el fallo en la segunda mitad de noviembre o a comienzos de diciembre.
“Vamos por todo. Es histórico y estamos confiados”, afirmó el Ejecutivo al referirse a la instancia internacional. Desde la Secretaría de Malvinas, Balcarce 50 señaló que el procedimiento representa una oportunidad para intentar detener el proyecto hidrocarburífero Sea Lion antes de que inicie su fase de explotación. La evaluación oficial indica que el planteo argentino cuenta con fundamentos suficientes para obtener medidas provisionales, aunque reconoce que la decisión final dependerá de los magistrados.
El caso se inscribe en el marco de un arbitraje iniciado el 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, y la solicitud de medidas provisionales presentada el 13 de octubre ante el tribunal de Hamburgo para impedir el avance de las actividades mientras se constituye el órgano arbitral. El proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, prevé iniciar perforaciones en 2027 y alcanzar producción comercial en 2028.
El TIDM deberá determinar si existen fundamentos suficientes y condiciones de urgencia para adoptar medidas provisionales, sin que el procedimiento pretenda resolver la soberanía de las islas. La defensa argentina será liderada por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, acompañada por representantes de la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro, entre ellos Mario Oyarzábal, Juan Ignacio Stampalija, Santiago Castro Videla, Betina Pasquali de Fonseca, Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
Paralelamente, el Gobierno anunció la emisión de más de 180 notas de desaliento a empresas y proveedores, y abrió procedimientos sancionatorios contra 60 personas y entidades; las penalidades definitivas aún no se aplicaron. Balcarce 50 explicó que estas acciones están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Malvinas de Cancillería, en coordinación con la Secretaría Legal y Técnica, y que la prioridad es aprobar una ley que permita imponer sanciones más duras.
El Ejecutivo subrayó que la estrategia no se detendrá si el tribunal rechaza la solicitud; la intención es agotar todas las herramientas jurídicas y diplomáticas disponibles y mantener el reclamo contra las actividades británicas en los espacios marítimos disputados. En caso de que los jueces no hagan lugar al planteo, Argentina continuará con el arbitraje y evaluará una nueva presentación cautelar ante el mismo tribunal.
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