CIDH responsabiliza a Argentina por destituir a Moliné O'Connor

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Argentina es responsable por la violación de los derechos humanos de Eduardo José Antonio Moliné O'Connor, vinculada al juicio político que culminó con su destitución como juez de la Corte Suprema en 2003.

El tribunal constató que distintas decisiones emitidas durante el trámite del juicio político carecieron de la motivación necesaria y que las autoridades que conocieron los recursos judiciales presentados por la víctima no ofrecieron una respuesta que atendiera los agravios denunciados.

Asimismo, la CIDH señaló que la revocación de la pensión vitalicia dispuesta a raíz de la destitución arbitraria vulneró sus derechos, y que el proceso judicial que Moliné O'Connor inició para impugnar esa medida se prolongó injustificadamente por más de una década.

Para la Corte, Argentina violó los derechos a las garantías y protección judicial (artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana), así como los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, afectando el proyecto de vida de la víctima.

Como consecuencia, el tribunal ordenó al Estado regularizar el régimen de la pensión que correspondía al señor Moliné O'Connor, publicar y difundir la sentencia y su resumen oficial, y pagar las sumas determinadas por indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, costas y gastos.

La decisión fue tomada por una composición de jueces de Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú y Paraguay; la jueza argentina Verónica Gómez no participó en la tramitación ni en la firma de la sentencia.

El fallo deja en evidencia preguntas pendientes: ¿por qué el proceso para cuestionar la pensión se extendió más de diez años y por qué las autoridades no ofrecieron una motivación adecuada a las decisiones del juicio político? La sentencia subraya la repercusión que la destitución de 2003 sigue teniendo sobre la familia del ex magistrado.