Corte Suprema exige protocolo único para la salud de internos

La máxima autoridad judicial del país ordenó al Cuerpo Médico Forense diseñar un protocolo que sistematice los criterios médicos aplicables a los internos y defina las opciones de tratamiento dentro de los institutos carcelarios. Con esa decisión, la Corte pretende poner fin al contraste que la justicia federal ha mostrado al tratar a los detenidos por delitos comunes frente a los acusados de crímenes de lesa humanidad.

Desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad en 2004, a los acusados se les aplicó un régimen diferenciado que, según la Corte, “no respetó los límites legales para el mantenimiento de las prisiones preventivas”, eliminó prácticamente las eximiciones de prisión y las excarcelaciones, y negó internaciones, detenciones domiciliarias, salidas transitorias y libertades condicionales.

La práctica de abrir nuevas causas que, al cumplirse total o parcialmente las penas, impiden a los condenados acceder a los beneficios progresivos de su condición o a la libertad, continúa vigente porque “otros jueces disponen nuevas órdenes de detención”. En contraste, la justicia federal permite detenciones domiciliarias a dirigentes políticos condenados por corrupción aun sin cumplir los 70 años de edad, y a exmagistrados condenados por corrupción “pasar los fines de semana en su casa”.

Agentes civiles de inteligencia, suboficiales baqueanos, exsubtenientes y tenientes del Ejército, un sacerdote y miembros de bajo rango del servicio penitenciario y de las policías, acusados de delitos de lesa humanidad, han soportado “larguísimos períodos de prisión” sin traslado rápido a un establecimiento de salud en casos de urgencia. Entre los detenidos de lesa humanidad se registra un deterioro gravísimo de salud o muertes por derrames cerebrales o infartos en los institutos donde estaban alojados, incluidos casos de militares.