Descubren al primer desaparecido bajo la dictadura de Uriburu
Una noche de septiembre de 1930, el anarquista Joaquín Penina fue fusilado sin juicio y enterrado bajo custodia policial en Rosario. Dos años después, el municipal Martín Esaín reconoció el cajón marcado con una amenaza y reveló la identidad del joven de 25 años, el primer detenido‑desaparecido de la dictadura que derrocó a Hipólito Yrigoyen.
En la madrugada del 9 de septiembre de 1930, la policía irrumpió en la pieza de pensión que Joaquín Penina alquilaba en la calle Salta 1581, en el centro de Rosario. Penina, de 25 años, había llegado a la Argentina escapando del servicio militar obligatorio en la dictadura falangista de Miguel Primo de Rivera. Se había asentado en la ciudad en 1925 y se integró al Movimiento Obrero anarquista de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), trabajando como albañil especializado en mosaicos y como grafista de propaganda.
El operativo policial no llevaba orden de detención; los agentes simplemente lo llevaron, alegando que imprimía un panfleto contra el presidente recién impuesto, Félix Uriburu. Penina explicó que su mimeógrafo estaba roto desde hacía meses, pero la excusa no sirvió. Junto a él fueron arrestados el carpintero Victorio Constantini, compañero de pieza, y el catalán Pablo Porta, que se encontraba de paso. Antes de la detención, los policías les permitieron guardar dos galletas marineras y una fruta, como “paliativo” para el hambre que enfrentarían en la comisaría.
Los tres fueron trasladados a una celda de la división de Orden Social de la Policía de Santa Fe, donde el comisario Marcelino Colombé los interrogó. El método de persuasión incluía la picana eléctrica, una práctica que la Oficina de Orden Público había importado de Buenos Aires bajo la dirección de Leopoldo Lugones. Penina no recibió juicio; la ley marcial vigente establecía que cualquier individuo sorprendido “infraganti delito, contra la seguridad y bienes de los habitantes” sería “pasado por las armas sin forma alguna de proceso”.
Esa misma noche, el cuerpo de Penina fue trasladado al cementerio municipal de Rosario. El cajón de madera barata llegó en el camión de traslados, custodiado por cuatro policías armados. Sobre la tapa del féretro, en mayúsculas garrafales, estaba escrita la frase: “El que abra este cajón será pasado por las armas”. El encargado del cementerio, Martín Esaín, nunca había visto una orden así. Un oficial le indicó que enterrara el cuerpo en el sector gratuito reservado para los muertos sin recursos, sin entregar papeles ni revelar el nombre del difunto. Esaín, siguiendo la cadena de mando, llamó a su superior, el secretario municipal Alejandro Carrasco, quien le confirmó que debía obedecer la orden “dada la situación de fuerza que se vivía en esos días”.
El cuerpo quedó bajo tierra en una tumba sin nombre, sin señalización. La identidad de Penina permaneció oculta hasta 1932, cuando la información surgió en una investigación municipal. La revelación confirmó que Penina fue el primer detenido‑desaparecido de la dictadura de Uriburu, precediendo una serie de desapariciones y ejecuciones que marcarían la historia del país.
El caso de Joaquín Penina ilustra la rapidez con la que el nuevo régimen militar impuso la violencia institucional: el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen y, en cuestión de días, activó una política de represión que incluía fusilamientos sumarios y enterramientos clandestinos. La frase escrita en el féretro y la ausencia de cualquier proceso judicial reflejan la atmósfera de terror que el gobierno de Uriburu instauró para silenciar a la oposición política, particularmente a los movimientos anarquistas que habían sido objeto de vigilancia desde la década de 1920.
