Exfiscal santafesino recibe prisión preventiva por desvío de 425 millones
El exfiscal Mariano Ríos Artacho confesó haber liderado una banda que sustrajo fondos judiciales durante al menos siete años. La justicia lo mantuvo bajo prisión preventiva por noventa días, mientras la defensa alega ludopatía como motivación del delito.
El miércoles la jueza María Trinidad Chiabrera ordenó la prisión preventiva de noventa días para el exfiscal santafesino Mariano Ríos Artacho, quien admitió haber formado parte de una banda que desvió aproximadamente 425 millones de pesos de cuentas judiciales. La confesión se dio en una audiencia donde el imputado pidió perdón a su familia y atribuyó sus actos a una supuesta adicción al juego.
Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, a cargo de la investigación, señalaron que el dinero se extraía mediante oficios firmados por Ríos Artacho desde cuentas del Banco Municipal. Esas cuentas contenían fianzas, fondos de reparación a víctimas y recursos secuestrados en distintos procesos. De un total de 148 cuentas revisadas, las primeras 48 analizadas revelaron al menos 12 hechos delictivos, todos vinculados a la manipulación de los oficios para retirar efectivo o recibir transferencias.
La defensa, representada por Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez, rechazó la figura de asociación ilícita, argumentando que el delito no debería agravarse por la supuesta ludopatía del imputado. Sin embargo, la acusación no presentó pruebas que demuestren la magnitud de las deudas de juego ni cómo se distribuyeron los fondos entre los miembros de la banda.
Junto a Ríos Artacho, la justicia dictó prisión preventiva para Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Cesaretti y el abogado penalista Emilio Barcacia. En contraste, quedaron en libertad Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri, sin que la resolución explique los criterios que justificaron esas diferencias.
El caso se remonta a una auditoría interna realizada en 2024 por la fiscal María Teresa Granato, quien detectó movimientos sin justificación en las cuentas del Banco Municipal. A raíz de esa revisión, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional ejecutó 15 allanamientos simultáneos el 2 de septiembre en Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo. Las fuerzas policiales detuvieron a nueve personas y confiscaron documentación, dispositivos electrónicos y pruebas vinculadas a la presunta corrupción.
Quedan varias incógnitas sin respuesta. La investigación no ha precisado cuánto de los 425 millones fue efectivamente destinado al juego ni si alguna parte fue devuelta a los fondos judiciales afectados. Tampoco se ha aclarado el papel del Banco Municipal: ¿hubo complicidad de funcionarios del banco o se trató de una vulnerabilidad del sistema de oficios? Además, la defensa no ha presentado peritajes que demuestren la existencia de una adicción al juego, lo que plantea dudas sobre la estrategia de atenuar la responsabilidad penal.
Por último, la medida de prisión preventiva se limita a noventa días, sin que se haya anunciado una fecha para el juicio. La ausencia de un cronograma judicial genera incertidumbre sobre cuándo se resolverá este caso que involucra a altos funcionarios y una cifra millonaria sustraída de la justicia. La sociedad sigue a la espera de respuestas que aún no llegan.
