Jalisco registra 1.197 denuncias de fraude inmobiliario sin respuestas claras

El registro de la Consejería Jurídica y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio muestra que, entre 2019 y el 10 de agosto de 2026, Jalisco recibió 1.197 denuncias vinculadas a irregularidades inmobiliarias. De ese total, 865 se clasificaron como fraude, 264 como intentos de falsificación de documentos y 68 como casos de suplantación de identidad. La cifra revela la magnitud del problema, pero también deja en evidencia la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

El panorama no es exclusivo de Jalisco. En septiembre, la Fiscalía del Distrito Zona Centro de Chihuahua emitió una alerta por falsas rentas dirigidas a estudiantes foráneos, registrando 29 querellas. Ambos casos comparten factores recurrentes: precios anormalmente bajos, presión para pagar de inmediato y la imposibilidad de visitar el inmueble antes de firmar. Según José Antonio Valle Aguilar, experto inmobiliario, la falta de experiencia de los interesados y la urgencia por asegurar una vivienda son la combinación perfecta para los estafadores.

Aun con esos datos, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI indica que solo el 9 % de los delitos cometidos en 2025 fueron denunciados ante el Ministerio Público o una fiscalía estatal. En la categoría de fraude, el 96,5 % de los hechos quedó “oculto”. La pregunta que surge es clara: ¿por qué tan pocos casos llegan a los tribunales cuando la propia denuncia de la Fiscalía ya muestra la magnitud del problema?

Las recomendaciones de la empresa Segurenta, citadas en la fuente, enumeran seis señales de alerta antes de entregar dinero o firmar un contrato:

1. Precio demasiado bajo respecto a inmuebles similares.

2. Presión para efectuar un depósito inmediato bajo la excusa de “perder la oportunidad”.

3. Negativa a mostrar la propiedad.

4. Incongruencias en los documentos (nombres, direcciones, datos del inmueble).

5. Pagos a personas que no aparecen en el contrato.

6. Solicitud de contraseñas o códigos bancarios.

Aunque la lista es útil, la práctica muestra que muchos potenciales arrendatarios o compradores ignoran estas señales, sobre todo cuando la oferta proviene de plataformas digitales que facilitan la comunicación a distancia. El caso de los estudiantes extranjeros en Chihuahua ilustra otro punto crítico: la barrera idiomática y el desconocimiento de los trámites locales aumentan la vulnerabilidad.

Los expertos también subrayan tres aspectos esenciales que deben verificarse antes de avanzar: quién contrata, qué se firma y quién recibe el dinero. Exigen identificación del ofertante, documentos que acrediten la titularidad o la facultad legal para disponer del inmueble, y un contrato que detalle claramente a todas las partes, el precio, las fechas y las condiciones de devolución de depósitos. Además, recomiendan usar medios de pago rastreables y conservar todos los comprobantes.

Sin embargo, la guía no aborda la cuestión de la fiscalización posterior. ¿Qué mecanismos existen para que los tribunales y los registros públicos verifiquen la autenticidad de los documentos antes de que se concrete la operación? ¿Cuántas de las 865 estafas confirmadas fueron efectivamente investigadas y sancionadas? La ausencia de datos sobre procesos judiciales abre la puerta a la sospecha de impunidad.

Otro punto que queda sin respuesta es la efectividad de la intervención notarial. La recomendación de solicitar a un notario la revisión de la documentación y la situación registral del inmueble parece una medida