Levantarse la emergencia sanitaria pondría en quiebra a 6.000 prestadores

En una entrevista en Infobae en Vivo a las Nueve, Hugo Magonza, presidente de la UAS y director del CEMIC, describió al sistema de salud como “fragmentado” y formado por “compartimentos estancos” que evolucionan de forma distinta. Señaló que la falta de orden entre los subsistemas y el creciente gasto de bolsillo son problemas estructurales.

Magonza criticó la importación de modelos extranjeros, particularmente el modelo asegurativo de Estados Unidos, argumentando que “para la República Argentina no es lo que la población quiere”. Según él, la demanda de los usuarios se orienta a una cobertura sostenida en el tiempo, de buena calidad y sin restricciones excesivas.

El dirigente vinculó la crisis actual a decisiones acumuladas en las últimas tres décadas, cuando “el Estado ha hecho una gran transferencia de responsabilidades públicas a privadas”. En el marco del Programa Médico Obligatorio, señaló que se incorporaron “más de cien leyes” sin prever una fuente de recursos equivalente, lo que incrementó el pasivo sin la contrapartida financiera necesaria.

Respecto a la emergencia sanitaria, Magonza recordó que está vigente desde 2002 y que “hemos pasado 24 años sin poder levantar la emergencia sanitaria”. Explicó que, en teoría, la emergencia sirve para suspender los embargos del organismo recaudador, pero que “el pasivo no desaparece con esa postergación”. Cuando le preguntaron qué ocurriría si se levantara la medida, respondió que “unas 6.000 empresas estarían condenadas a entregar su llave, básicamente”.

El presidente de la UAS también recordó que el sistema público atiende a cerca del 30 % de la población, mientras que el sector privado cubre al 70 % restante. Ante la posible caída de seis mil prestadores, preguntó: “¿Quién va a atender a esos pacientes?”. Concluyó que la salud no es gratuita, aunque el hospital público puede ser accesible porque “alguien pagó por vos”.