Milei recorta ciencia y discapacidad en presupuesto 2027
El proyecto de ley de presupuesto para 2027 vuelve a apuntar contra la ciencia, las universidades y los programas para personas con discapacidad. La medida se enmarca en la misma lógica de ajuste que ha marcado la gestión, pero la falta de cifras concretas deja dudas sobre su alcance real.
El Ejecutivo presentó este miércoles el proyecto de presupuesto para 2027, y la propuesta vuelve a colocar en la línea de fuego a tres áreas que ya habían sido fuertemente golpeadas durante la administración libertaria: la investigación científica, las instituciones universitarias y los recursos destinados a la comunidad con discapacidad.
Según la nota de la fuente, el texto “profundiza el ajuste” a esos sectores mientras el gobierno “reafirma su obsesión por el equilibrio fiscal a expensas de los sectores medios y bajos”. La crítica central es clara: la prioridad de la balanza presupuestaria parece estar desplazando recursos de los grupos que más dependen del Estado.
Lo que falta, sin embargo, son los números. La propuesta no detalla cuánto se reduciría la partida de ciencia ni cuál sería el recorte en los presupuestos universitarios. Tampoco se indica el monto que se destinaría a programas de discapacidad, ni si se mantendrán los subsidios vigentes. Sin esas cifras, resulta complicado medir el impacto concreto en la investigación, la formación de profesionales y la calidad de vida de las personas con necesidades especiales.
Esta ausencia de datos genera preguntas obligatorias. ¿Qué criterios se usaron para decidir los recortes? ¿Cómo se justifican en un contexto donde la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo de la clase media y baja? ¿Existen planes de compensación o alternativas de financiamiento privado para los sectores afectados?
Los críticos del gobierno ya habían señalado que los ajustes anteriores habían provocado la pérdida de investigadores, la reducción de plazas docentes y la disminución de becas. La nueva ronda de recortes, de no estar acompañada de medidas de mitigación, podría profundizar esos efectos y poner en riesgo la capacidad del país para generar conocimiento y atender a la población con discapacidad.
En la medida que el proyecto avanza en el Congreso, será clave que los legisladores exijan transparencia sobre los montos y los criterios de asignación. Sin esa claridad, la “obsesión por el equilibrio fiscal” corre el riesgo de convertirse en un eufemismo para la desinversión en áreas estratégicas y en la vulnerabilidad de los sectores más necesitados.
