Municipio debe pagar 7,2 millones por pino que cayó sobre casa
Un árbol de gran porte se desplomó en la propiedad de un vecino el 25 de octubre de 2021, provocando graves daños. Tras múltiples reclamos sin respuesta, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín condenó al municipio a indemnizar al propietario por 7,2 millones, más intereses y actualización.
El 25 de octubre de 2021 un pino de gran porte se derrumbó dentro del terreno de un vecino, dañando el alambrado, la piscina, la caldera y otras estructuras. El propietario había advertido en reiteradas oportunidades que el árbol podía caer sobre su casa y había presentado varios reclamos ante la autoridad municipal, sin obtener una intervención.
En diciembre de 2024 la Justicia condenó al municipio a pagar 5,200,000 pesos por daños materiales y 2,000,000 pesos por daño moral, a los que se sumarán intereses y la actualización correspondiente. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la sentencia, ratificando la indemnización total de 7,200,000 pesos y disponiendo que las costas judiciales recaigan sobre la comuna.
El juez de primera instancia consideró que la falta de respuesta municipal configuró una falta de servicio. La administración apeló, argumentando que el propietario habría mantenido una actitud pasiva y que priorizó evitar una multa antes de tomar medidas. También objetó gastos como la extracción del árbol y la contratación de un ingeniero agrónomo, y calificó excesivo el monto por daño moral.
La Cámara rechazó esos planteos, señalando que no desvirtuaban los fundamentos de la condena. Además, estableció que la indemnización se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 6 % desde la fecha de la caída hasta el pago efectivo, por lo que el monto final podrá superar los 7,2 millones inicialmente fijados.
El fallo reafirma que el Estado es responsable cuando no actúa frente a advertencias concretas sobre un peligro, especialmente en áreas declaradas ecológicamente protegidas donde los particulares no pueden intervenir sin autorización.
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