Fin de la emergencia sanitaria, un proyecto abre la puerta a ejecutar deudas

La emergencia sanitaria declarada en 2001, que protege a los prestadores privados, está próxima a terminar y vuelve a abrir el debate sobre el funcionamiento de la red de salud en Argentina. Un proyecto ingresado en la Cámara de Diputados propone sustituir ese régimen transitorio por reglas permanentes, advirtiendo que las deudas acumuladas podrían quedar sujetas a ejecución.

Manuel Quintar, diputado por Jujuy de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Salud, explicó que la iniciativa fue remitida a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “Tiene giro a la Comisión de Salud, y Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque tiene alguna cuestión de un costo fiscal que lo vamos a discutir en su momento”, señaló en Infobae Al Mediodía.

Quintar aclaró que la emergencia sanitaria no exime del pago de aportes y contribuciones, solo evita la ejecución forzada de la AFIP. “Si nosotros levantamos la emergencia sanitaria, implica que AFIP se da vuelta al día siguiente y sale a ejecutar todos los créditos”, sostuvo.

El proyecto se concentra en los efectores privados –clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios y geriátricos–, no exclusivamente en las empresas de medicina prepaga. “El financiador es la prepaga; pero cuando hablamos del sector privado de efectores de la salud, son las clínicas de barrio, las clínicas que están en el interior profundo de la Argentina”, explicó Quintar.

Según el diputado, el sector privado de salud genera empleo directo e indirecto a un millón y medio de argentinos, nueve veces más que la minería, que emplea alrededor de 115.000 personas. Además, citó un informe de ADECRA que indica que entre el 65 % y el 70 % de la población se atiende en el sector privado y que el 55 % de las camas del país son privadas.

El proyecto contempla una moratoria de hasta 180 cuotas con facilidades de pago, pero sin condonación de deudas. “Una moratoria grande donde le demos la posibilidad a los contribuyentes que no pudieron pagar, que paguen”, explicó Quintar, reiterando que “no hay condonación de deudas, sino facilidad de pago”. Añadió que la medida busca “sincerar el sistema, acomodar el tema del IVA, las cargas patronales y los ingresos de los establecimientos privados para que puedan pagar impuestos”.

Quintar cerró diciendo que no avalarán un proyecto que rompa el equilibrio fiscal, aunque será discutido. “No podemos avalar que un mecanismo de cautelar afecte previamente a una…”, dejó la frase inconclusa, dejando abierta la cuestión de cómo se equilibrará la necesidad de recaudar con la protección de los prestadores privados.