Recorte de Remediar lleva a la Justicia un amparo colectivo

El CELS radicó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata y lo incorporó al Registro Público de Procesos Colectivos. La acción apunta a la población bonaerense que depende exclusivamente del sistema público de salud y solicita, además, una medida cautelar para que el Ministerio de Salud no profundice la reducción del vademécum mientras se tramita el caso.

Según el informe “Sin remedio” elaborado por la organización, el programa Remediar, creado en 2002 para personas sin obra social ni prepaga, sufrió una contracción desde 2024 que redujo drásticamente la cantidad de botiquines y el universo de medicamentos distribuidos. En territorio bonaerense los botiquines pasaron de casi 40.000 durante 2023 a menos de 4.000 en los primeros meses de 2026, y los psicofármacos dejaron de llegar por completo. A nivel nacional, la distribución cayó de 17.393 botiquines en diciembre de 2023 a 849 en abril de 2026. El informe advierte que Remediar no fue sustituido por otro programa de cobertura similar y que el ajuste alcanzó incluso a enfermedades que el propio Gobierno definió como prioritarias.

La controversia se intensificó con la Resolución 1447/2026, que derogó el listado aprobado en 2021 (128 presentaciones, 97 principios activos) y estableció un nuevo esquema de solo seis principios activos orientados a la prevención y tratamiento de enfermedades vasculares. El Ministerio de Salud argumenta que se trata de una “reformulación” del programa, no de su cierre, y que busca concentrar recursos en patologías de mayor impacto sanitario, mientras las provincias asumen un papel mayor en la provisión del resto de los tratamientos.

Los números que cuestionan la estrategia oficial son contundentes. En la provincia de Buenos Aires, las unidades cardiometabólicas distribuidas bajaron de 20,1 millones en 2023 a 2,68 millones en lo que va de 2026, una reducción del 86,7 %. En salud mental y neurología la caída alcanza el 99,6 % y en salud sexual y reproductiva el 96 %. El caso del losartán de 50 mg ilustra la magnitud: en 2023 se entregaron 3 661 380 comprimidos y este año la distribución registrada fue de apenas 1 500, lo que según el informe pasa de que diez mil personas pudieran recibir tratamiento antihipertensivo a solo cuatro.

El Ministerio, por su parte, sostiene que el nuevo diseño responde al Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026‑2030 y anunció un botiquín de transición hasta fin de año para que las jurisdicciones adapten sus propios mecanismos de compra. También afirma que la estrategia fue discutida con las provincias en el Consejo Federal de Salud.

El debate tiene una dimensión federal: Remediar funcionaba mediante compras centralizadas que compensaban diferencias presupuestarias entre provincias. Con la retracción de la provisión, cada jurisdicción queda obligada a responder con sus propios recursos, lo que, según el CELS, genera desigualdades entre provincias con mayor capacidad de compra y aquellas con recursos limitados.

La causa quedó a la espera de una decisión sobre la medida cautelar. La primera definición judicial será si se frena la reducción del listado mientras se debate el fondo del reclamo, una cuestión que pone en tela de juicio la lógica de una reforma que, según el CELS, compromete el acceso a tratamientos básicos.