Se cuestionaron más de US$111 millones en gastos de la AFA
La Corte Suprema devolvió a la IGJ el control sobre la AFA y anuló la sentencia que había cancelado la inscripción de la entidad. Con la nueva decisión, los veedores designados podrían tardar varios años en iniciar su trabajo, según indican fuentes del Ministerio de Justicia.
El viernes la Corte Suprema, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró arbitraria la sentencia de la Sala D de la Cámara Civil del 18 de junio, que había anulado la inscripción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la Inspección General de Justicia (IGJ). Esa sentencia había revocado la resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, la cual ordenaba una veeduría de 180 días hábiles sobre la AFA.
Al revocar el fallo, la Corte no resolvió el fondo del caso; simplemente devolvió el expediente a la IGJ para que se dicte una nueva sentencia. La nueva resolución deberá ser emitida por jueces distintos a Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, quienes habían firmado la sentencia anulada.
Solo cuando exista una sentencia firme el Ministerio de Justicia podrá volver a mandar a los veedores. Según fuentes del Ministerio, encabezado por Juan Bautista Mahiques, “el ministro quiere mandarlos ya, pero ahora eso depende de la Justicia”.
El 16 de marzo Mahiques designó al contador Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco para revisar, durante 180 días hábiles, los libros contables, registros administrativos, contratos y acuerdos comerciales de la AFA, así como el proceso de creación de la Universidad de la AFA. En mayo los veedores se presentaron en las sedes de la AFA y de la Superliga para solicitar documentación, pero en junio la Sala D anuló la resolución que los había designado y tuvieron que suspender la tarea.
El extitular de la IGJ, Daniel Vítolo, afirmó que “la Corte puso las cosas en su lugar y ratificó la actuación de la IGJ bajo mi gestión”. Añadió que “toda la gente en la Argentina advirtió que el traslado del domicilio de la AFA a un baldío deshabitado de la localidad de Pilar, con la complicidad de las autoridades provinciales, era una farsa”.
La IGJ también reclamó explicaciones por gastos de la AFA superiores a US$111 millones entre 2017 y 2025 y por más de US$300 millones en la Superliga. La Corte dejó claro que la AFA sigue bajo control de la IGJ y que la mudanza a Pilar no le permite escapar de ese control mientras no se complete formalmente el cambio de domicilio.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sostuvo que los hechos deben investigarse en su jurisdicción, que incluye Pilar. Los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña devolvieron el caso a la jurisdicción de Campana.
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