Cámara Federal de Rosario solicita auditoría de 8 mil causas archivadas

La Cámara Federal de Rosario, sede del Poder Judicial federal en la provincia de Santa Fe, presentó este lunes una solicitud formal de auditoría sobre 8 023 causas que, según la propia institución, fueron “cajoneadas” antes de mayo de 2024. La medida, que implica la revisión de expedientes que nunca se activaron, se plantea como respuesta a denuncias de ineficiencia y posible manipulación de procesos judiciales.

El presidente de la Cámara, el magistrado Juan Carlos Sáenz, explicó que la solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar la transparencia del sistema judicial y de determinar si la acumulación de casos sin gestión constituye una vulneración de los derechos de los imputados. “No podemos permitir que un número tan elevado de procesos quede en el limbo sin que se haya tomado ninguna medida concreta”, indicó Sáenz en una conferencia de prensa en la sede de la Cámara, ubicada en la calle San Lorenzo.

Los expedientes en cuestión corresponden a causas penales y tributarias que, por distintas razones, no fueron iniciados por los tribunales federales de Rosario. La mayoría de los casos datan de 2019 y 2020, aunque la revisión también incluye procesos de 2021 y 2022. Entre los temas más recurrentes aparecen investigaciones por tráfico de drogas, lavado de dinero y prescripción de delitos fiscales. La cifra de ocho mil causas supera, por mucho, el promedio de casos archivados en la jurisdicción durante los últimos cinco años, que rondaba los dos mil por año.

La petición de auditoría se produce en un contexto de creciente descontento entre fiscales y organizaciones de la sociedad civil. En los últimos meses, varios fiscales de la Fiscalía Federal de Rosario presentaron denuncias formales contra magistrados de la Cámara que, según ellos, dejaron estancadas investigaciones de narcotráfico de alta complejidad. En particular, el caso “Mendoza”, una red de distribución de cocaína que operaba entre la zona norte de la provincia y la ciudad de Rosario, quedó sin avances desde su apertura en 2021. La falta de movimiento generó la presión de la Oficina Anticorrupción de la Provincia, que solicitó al Consejo de la Magistratura la apertura de una causa disciplinaria contra los jueces involucrados.

Por su parte, la Cámara Federal respondió a esas críticas con la iniciativa de auditoría, que será ejecutada por la Oficina de Control Interno del Poder Judicial y, en caso de detectarse irregularidades, se remitirá al Consejo de la Magistratura para que tome las medidas correspondientes. El informe preliminar deberá entregarse en un plazo de sesenta días hábiles, según lo indicado por el secretario judicial, María López.

El pedido también incluye la revisión de la gestión de los magistrados de la Primera Sección, quienes han sido señalados por la Cámara de Diputados en una comisión de control interno por presuntas demoras injustificadas en la tramitación de causas tributarias. En 2023, la comisión destacó que más del 30 % de los expedientes de evasión fiscal presentados en la jurisdicción no avanzaron más allá de la fase de admisión, lo que provocó que muchos contribuyentes vieran sus casos prescritos sin que se dictara sentencia.

El abogado penalista y docente de la Universidad Nacional del Litoral, Ricardo Giménez, señaló que la auditoría podría revelar fallas estructurales más amplias. “No se trata solo de la conducta de algunos jueces, sino de un posible déficit de recursos y de una cultura institucional que prioriza la carga administrativa sobre la investigación activa”, explicó. Giménez añadió que la revisión de los ocho mil expedientes permitiría identificar patrones de inacción y, de ser necesario, impulsar reformas en la asignación de casos y en los plazos procesales.

Mientras tanto, la Fiscalía Federal de Rosario, encabezada por la fiscal Ana María Rojas, manifestó su disposición a colaborar con la auditoría y a proporcionar toda la documentación requerida. “Nuestro objetivo es que la justicia no quede en los archivos, sino que se haga efectiva para la ciudadanía”, afirmó Rojas. La fiscalía también solicitó que, de encontrarse casos con pruebas suficientes, se reabra el procedimiento de forma inmediata.

En la esfera política, el senador nacional del Frente de Todos, José Luis Pereyra, pidió al Ejecutivo nacional que acompañe la auditoría con recursos adicionales para refor