Pullaro denuncia 8.000 causas paralizadas en Rosario

El pasado martes, el diputado nacional Martín Pullaro tomó el micrófono para lanzar una crítica directa a la justicia federal de la Provincia de Santa Fe. Según los datos publicados por La Política Online, alrededor de ocho mil causas penales que se originaron en el municipio de Rosario siguen paralizadas, sin que se haya abierto una investigación formal. En algunos de esos expedientes, el tiempo transcurrido desde la denuncia hasta la presentación ante el fiscal supera los seis años.

Pullaro sostuvo que esa “avalancha de casos” no solo evidencia una falla operativa, sino que también constituye una vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. “No podemos permitir que la justicia se convierta en un archivo de papel”, dijo, añadiendo que la demora afecta particularmente a víctimas de violencia de género y a familias que esperan una respuesta ante delitos graves.

El informe de La Política Online, que se basa en datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, muestra que la mayor parte de los expedientes se encuentran en la fase de “registro” o “recepción de documentación”. Sólo un pequeño porcentaje avanza a la etapa de investigación preliminar. No se especifica cuántos de esos casos corresponden a delitos menores frente a crímenes de mayor gravedad, lo que dificulta medir el impacto real en la seguridad ciudadana.

El retraso de hasta seis años plantea preguntas incómodas. ¿Cuántas personas han quedado sin respuesta mientras sus denuncias se acumulan en un cajón? ¿Qué mecanismos existen, si es que hay alguno, para priorizar casos urgentes? La normativa provincial establece plazos máximos para iniciar la investigación, pero la falta de cumplimiento sugiere una brecha entre la letra de la ley y su aplicación práctica.

A nivel nacional, el Consejo de la Magistratura había señalado en 2022 que los juzgados federales presentaban una sobrecarga de trabajo del 35 % en promedio. Sin embargo, el caso de Rosario parece superar esa media, y la cifra de ocho mil causas paralizadas se sitúa por encima de los registros de otras capitales provinciales. No se ha publicado un desglose que indique cuántos fiscales están a cargo de esos expedientes ni cuántas unidades de investigación están operativas en la ciudad.

El propio Poder Judicial, a través del Secretario de la Corte Federal de Rosario, respondió con un comunicado que calificó la información como “parcial” y señaló que “existen procesos internos de reordenamiento que buscan reducir la lista de casos pendientes”. No se ofrecieron cifras actualizadas ni se explicó en qué consisten esas medidas. La falta de datos concretos deja abierta la sospecha de que la respuesta institucional podría ser más de discurso que de acción.

Los expertos en derecho penal advierten que la dilación en la apertura de causas no solo vulnera derechos individuales, sino que también compromete la credibilidad del sistema judicial. “Cuando la justicia se vuelve lenta, la impunidad gana terreno”, explicó la profesora de la Universidad Nacional de Rosario, María López. “Los ciudadanos pierden la confianza y, en consecuencia, disminuye la denuncia de delitos, lo que alimenta un círculo vicioso”.

En la práctica, los retrasos pueden traducirse en pruebas que se pierden, testigos que se vuelven inaccesibles y, en última instancia, en la imposibilidad de sancionar a los responsables. Para las víctimas de violencia doméstica, la espera de años puede significar una exposición continua a situaciones de riesgo, mientras que para los perpetradores, la ausencia de una respuesta judicial puede actuar como un incentivo para reincidir.

Aun con la denuncia de Pullaro y la revelación de los números, la agenda del gobierno provincial no ha incluido un plan de acción concreto. La ministra de Justicia provincial, Claudia Giménez, afirmó en una entrevista que “se están evaluando los recursos necesarios para reforzar la infraestructura judicial”, pero no precisó ni el presupuesto ni los plazos. La ausencia de compromisos claros deja a la ciudadanía esperando respuestas que, según los datos, ya deberían haberse entregado.

Este escenario también genera interrogantes sobre la coordinación entre los niveles federal y provincial. En Argentina, la justicia federal y la provincial operan con competencias diferenciadas, pero la superposición de casos y la falta de un registro único pueden generar cuellos de botella. La falta de una plataforma digital que permita seguir el estado de cada denuncia aumenta la opacidad del proceso.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil, como la asociación “Derechos y Justicia”, han convocado a una marcha en la Plaza San Juan para exigir la reactivación inmediata de los expedientes. La convocatoria incluye a víctimas, abogados y estudiantes de derecho, que buscan presionar a las autoridades para que presenten un plan de trabajo con metas medibles.

En conclusión, la denuncia de Pullaro abre una ventana sobre un problema estructural que no se limita a Rosario. La cifra de ocho mil causas paralizadas, acompañada de retrasos que alcanzan los seis años, pone en evidencia una brecha entre la legislación que garantiza el acceso a la justicia y la capacidad real del sistema para cumplirla. La respuesta institucional, hasta el momento, sigue siendo vaga y poco cuantificada. La presión de la ciudadanía y de los actores judiciales será determinante para que esas cifras dejen de ser simples números y se transformen en procesos activos que devuelvan la confianza a los rosarinos.