Cancillería desmiente alarma del jefe de la Fuerza Aérea sobre el Estrecho

En una rueda de prensa transmitida en vivo el lunes, el presidente Javier Milei anunció una serie de medidas para “reducir la burocracia” y “optimizar los recursos” de las fuerzas armadas. Entre los cambios, destacó la intención de crear una “zona estratégica” en el estrecho de Magallanes, un paso marítimo que concentra el 80 % del tráfico de carga entre el Atlántico y el Pacífico. La declaración, que buscaba subrayar la visión del nuevo gobierno sobre la defensa nacional, quedó a mitad de camino cuando el propio jefe de la Fuerza Aérea, general Guillermo Larrabure, comentó que el estrecho “padece una vulnerabilidad que podría comprometer la soberanía”.

El comentario de Larrabure, que surgió al responder una pregunta sobre la capacidad de vigilancia aérea del territorio, desencadenó una rápida reacción de la Cancillería. En un comunicado oficial, el canciller Santiago Cafiero señaló que “las afirmaciones del general son imprecisas y no reflejan la evaluación técnica de los organismos competentes”. Según el mismo texto, el Ministerio de Defensa había informado previamente que la infraestructura de radar y los patrullajes de aviones de reconocimiento están operativos y que no existen “amenazas inminentes” que justifiquen la alarma.

La discrepancia entre ambos discursos abre una brecha que la oposición no tardó en señalar. Los diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por María López, preguntaron en la Cámara de Diputados si el gobierno había autorizado a sus altos mandos a “jugar a la prensa” sin coordinación previa. “Si la seguridad del estrecho está en juego, la respuesta debe venir de la estrategia oficial, no de declaraciones improvisadas que solo generan incertidumbre internacional”, afirmó el legislador.

Por su parte, el bloque del Frente de Todos exigió claridad sobre los recursos asignados al proyecto. El presupuesto de defensa para 2025, presentado la semana pasada, contempla un aumento de 12 % en la partida destinada a vigilancia aérea, lo que equivale a 4.500 millones de pesos. Sin embargo, la distribución exacta de esos fondos entre los distintos sistemas de monitoreo –radar, drones y patrullas marítimas– no se detalla. “Nos hablan de una zona estratégica, pero no explican cómo van a financiarla ni qué plazos manejan”, replicó la diputada Ana Giménez.

El debate también resucita una cuestión que quedó en el aire durante la presentación de las medidas de Milei: la relación entre la política exterior y la defensa. El presidente, que ha defendido una postura “nacionalista” en temas como la renegociación de la deuda y la apertura de la economía, había insinuado que la defensa de la soberanía argentina requerirá “más presencia en puntos críticos”. Sin embargo, la falta de un plan articulado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Defensa sugiere una desconexión operativa que podría costarle al país credibilidad ante socios como Chile, Brasil y los Estados Unidos, que también mantienen intereses estratégicos en el paso de Magallanes.

En el plano internacional, la alerta de Larrabure provocó comentarios de analistas de seguridad. El investigador de la Universidad de Buenos Aires, Martín Pérez, explicó que “el estrecho de Magallanes es una ruta de tránsito vital, pero no se ha detectado actividad hostil significativa en los últimos años”. Añadió que “las declaraciones de un alto oficial sin respaldo técnico pueden ser interpretadas como una señal de debilidad o, peor, como una provocación innecesaria”. Pérez también subrayó que la región ha sido objeto de ejercicios conjuntos entre la Armada chilena y la peruana, lo que obliga a Argentina a mantener una postura diplomática firme y no depender de “alertas improvisadas”.

El propio Ministerio de Defensa, a través de su portavoz, intentó calmar los ánimos indicando que “las Fuerzas Armadas operan bajo protocolos claros y cualquier comentario público debe ser aprobado por la Secretaría de Seguridad Nacional”.